El pasado miércoles 12 de agosto, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó vetar la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de cinco acuerdos que habían sido previamente discutidos y aprobados por el pleno del organismo. Dos de estos acuerdos beneficiarían directamente al sector de la energía solar y contribuirían al fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional en línea con la política energética del actual gobierno.
En primera instancia, el acuerdo A/034/2019 tenía como objetivo incentivar el desarrollo de esquemas colectivos de generación distribuida, con lo cual un mayor número de usuarios finales podría acceder a la energía generada por techos solares. Este modelo, ampliamente usado en países como Brasil e India, permitiría acercar la energía solar a los segmentos de la población que más lo necesitan, tanto a comunidades apartadas carentes de servicio de energía eléctrica, como a MiPyMEs, las cuales generan alrededor de 80 por ciento de los empleos en México. En consecuencia, la decisión de aplazar de forma indefinida la publicación de este acuerdo afecta de manera directa a un estrato social vulnerable que habita en comunidades apartadas y que carece de red eléctrica, al negarle el acceso a energías limpias.
Por su parte, el acuerdo A/005/2019 corresponde a permisos de instalación de baterías de almacenamiento en centrales solares, y contribuiría a reducir los problemas de intermitencia y confiabilidad en el servicio. Cabe mencionar que hoy en México ya existen dos centrales eléctricas en operación que incluyen Sistemas de Almacenamiento de Energía y al menos tres centrales más en construcción que incluirán ese tipo de tecnologías.
La Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) ha reconocido y celebrado los esfuerzos de la CRE por incentivar el uso de las energías renovables en el país para socializar y dar mayor estabilidad a la red eléctrica en beneficio de todos los mexicanos.
El veto a la publicación de estos acuerdos genera incertidumbre y desconcierto en el sector de la energía solar, puesto que las resoluciones de la CRE autorizando dichos acuerdos siguen aún en vigor. Estas acciones son contrarias al discurso oficial del gobierno federal y de la propia Comisión, que han hecho pública su intención de aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico y beneficiar a comunidades y mexicanos en situación vulnerable.
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