Los impactos a la hacienda pública de la iniciativa de Reforma Constitucional en materia eléctrica se analizaron en la mesa número 21 del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, moderada por las comisiones dictaminadoras.
De la Dirección de Inteligencia Energética de la Comisión Federal de Electricidad, Eduardo Bermejo López, aseguró que la propuesta pretende corregir desfalcos al erario público por parte de empresas privadas: “Ha dado pues vaya, en el desfalco, en un boquete, que nosotros hemos estimado en 490 mil millones de pesos, que viene por todo el trato digamos preferencial que las reformas del ‘92 y del 2013 dieron a los privados con los permisos, con los contratos PIE, con los autoabastos”.
Jorge Chávez Presa, director de Empresa Consultora Instituciones y Tecnología, afirmó que la reforma eléctrica disminuirá las capacidades de recaudación de las autoridades fiscales: “Esto se da porque las modificaciones constitucionales detonan un cambio en la percepción de riesgo de invertir en México, el cual reduce la capacidad para atraer inversión, lo cual disminuye la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Potencial y por ende contraerá la recaudación de impuestos.”
Fernando Baca Rivera, funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que, de aprobarse la iniciativa, se eliminarían los contratos que en el año 2020 significaron un quebranto de 215 mil millones de pesos a la hacienda pública: “Es un debate que la reforma pretende corregir porque pues es absolutamente claro que el asunto de los certificados de las energías limpias pues es dramáticamente un fraude a la ley, un fraude pues a los intereses públicos.”
De la Fundación Rafael Dónde, Víctor Gómez Ayala, recalcó que la iniciativa, en sus términos, provocará que el Estado mexicano incremente sus gastos para garantizar el abasto del servicio de electricidad: “Pero en vez de avanzar hacia un escenario en que los precios de la electricidad reflejen fehacientemente el costo social de producirla, las reglas implícitas en la iniciativa que está a discusión repercutirán en la necesidad de mayores subsidios de parte del gobierno federal.”
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que las participaciones de los ponentes enriquecerán el debate de las comisiones que dictaminarán la iniciativa: “Es una consulta hacia afuera, hacia adentro, ya nos enfrascaremos en nuestras disquisiciones, nuestras deliberaciones, nuestras discusiones y espero que converjamos en todo lo posible.”
Con información del Canal del Congreso
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