El Foro 19 del Parlamento Abierto que tuvo por título: ‘Misión social y desarrollo productivo de la CFE’, y tuvo lugar hoy martes 15 de febrero en el recinto legislativo de San Lázaro.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Jiménez Vázquez: “El modelo imperante no garantiza el derecho humano a la vida digna. El modelo imperante, no garantiza la continuidad en el servicio del suministro de energía eléctrica.”
De acuerdo con el comunicado de prensa de la CFE, el abogado de la Comisión Federal de Electricidad explicó que la electricidad es un bien irremplazable sin el cual es impensable el desarrollo de la vida social, familiar e individual, por lo que el acceso a ella constituye una necesidad social de carácter continuo, permanente, uniforme y regular que sólo puede ser atendida a través del servicio público, con un abastecimiento suficiente, eficiente, confiable y a los precios más bajos posibles.
“La electricidad es un recurso de carácter estratégico, es un bien público cuyo ciclo económico, desde la generación hasta el autoabastecimiento, le atañe a la sociedad en su conjunto. Esta realidad contundente, rotunda, le quita a la electricidad la posibilidad de ser considerada como una mercancía, sujeta a los vaivenes de la oferta y la demanda.”
El abogado de la empresa productiva del Estado, detalló que, derivado de la reforma energética de 2013, se creó un sistema y un mercado eléctrico que no es empático con los intereses de los consumidores, sin embargo, la iniciativa presentada por el Presidente es absoluta y rotundamente favorable y en pro de los intereses ciudadanos ya que lo que hoy es una actividad mercantil, comercial, sujeta a especulación, a práctica monopólicas, a mercados paralelos, se transforma en un servicio público fundamental sin fines de lucro.
El reporte de la CFE también recupera la reflexión expuesta por Francisco López Herrera, Profesor Investigador para la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacando que la legislación actual beneficia a grandes empresas mientras obstaculiza el cumplimiento de la misión social y el desarrollo productivo de la CFE.
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