El Center for Biological Diversity, Protect Our Communities Foundation y Environmental Working Group han apelado ante la Corte Suprema de California para anular la nueva política de energía solar en tejados del estado después de que un tribunal inferior la aprobara por segunda vez. La política reduce significativamente el crédito que reciben los nuevos usuarios solares por compartir el exceso de energía con la red y ha reducido la demanda de nuevos sistemas solares en tejados.
En marzo, la Corte de Apelaciones de California confirmó por segunda vez la acción de diciembre de 2022 de la Comisión de Servicios Públicos de California, a pesar de que la Corte Suprema dictaminó en agosto de 2025 que el tribunal inferior había otorgado demasiada discrecionalidad a la comisión y debía revisar su fallo.
La apelación presentada el viernes ante la Corte Suprema estatal señala que el tribunal de apelaciones volvió a ignorar la ley estatal, que exige que el tribunal revise las interpretaciones legales de la comisión como lo haría con las de cualquier agencia estatal. En cambio, el panel de tres jueces restableció el mismo estándar de revisión defectuoso que otorga una deferencia extrema a las decisiones de la comisión. Eso deja a la agencia prácticamente intocable, lo cual era precisamente lo que el legislador intentaba evitar cuando aprobó la ley en 1998.
“El tribunal de apelaciones ignoró la orden de la Corte Suprema, por lo que estamos solicitando al máximo tribunal del estado que lo obligue a cumplir la ley y deje de ceder ante los reguladores estatales en esta política que está devastando la energía solar en tejados. Es ilegal otorgar una deferencia indebida a la comisión de servicios públicos. La Corte Suprema estuvo de acuerdo y ordenó rehacer el fallo. Entonces, ¿por qué el tribunal de apelaciones volvió a avalar la decisión de la comisión y básicamente respaldó los argumentos de las empresas eléctricas? Tengo la esperanza de que otra apelación logre que esta política injusta sea anulada para que más californianos puedan permitirse la energía solar en tejados, que es una herramienta esencial para combatir la crisis climática”, dijo Lin, abogado principal del Center for Biological Diversity.
Los demandantes están solicitando a la Corte Suprema de California que proporcione mayor claridad a los tribunales inferiores para que tanto su decisión como la intención del legislador tengan un efecto real en la práctica.
La política actualizada de medición neta de California reduce hasta en un 80% los créditos para los clientes por la electricidad generada en tejados y vendida de nuevo a la red, lo que disminuye el beneficio económico de instalar sistemas solares. Esto ha afectado gravemente los esfuerzos para expandir la energía solar en tejados en California y ha provocado despidos generalizados en la industria solar. También viola la ley estatal, que exige que cualquier política garantice que el mercado de energía solar en tejados continúe creciendo. El retroceso en la medición de energía neta también va en contra del reciente acuerdo global de Estados Unidos en la COP28 para triplicar la energía renovable para 2030.
“Desde el aumento de costos hasta los incendios forestales, los apagones y la contaminación del aire, los consumidores de California están hartos de las empresas eléctricas propiedad de inversores del estado”, dijo Bernadette Del Chiaro, vicepresidenta senior para California en Environmental Working Group. “Y sin embargo, la única agencia gubernamental que los votantes crearon hace más de 100 años para enfrentar a estos monopolios eléctricos en nombre de los consumidores ahora está haciendo su trabajo sucio, bloqueando el acceso de los consumidores a las tecnologías necesarias para resolver múltiples problemas. En esencia, de eso trata realmente esta demanda”.
En su fallo de 2025, la Corte Suprema indicó que el tribunal de apelaciones había pasado por alto la directriz del legislador de 1998 de limitar la deferencia hacia los reguladores, rechazando los argumentos de la comisión de servicios públicos y de las tres grandes empresas eléctricas propiedad de inversores en California: Pacific Gas and Electric Company, Southern California Edison y San Diego Gas and Electric Company.
La Corte Suprema de California revisará ahora la petición para determinar si aceptará el caso por segunda vez, una decisión que podría consolidar el actual marco de facturación neta o forzar una nueva revisión judicial de los reguladores estatales.
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