Un juez federal ha emitido una orden judicial preliminar contra una política del Departamento del Interior que exigía aprobación a nivel de secretario para todos los proyectos de energía renovable en tierras públicas, lo que en la práctica frenaba decenas de gigavatios de capacidad.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts dispuso detener el memorando restrictivo, al dictaminar que era probable que los obstáculos administrativos impuestos a los desarrolladores fueran “arbitrarios y caprichosos”. Los defensores de la industria sostuvieron que la política creó un “bloqueo de facto” que amenazaba con descarrilar proyectos a gran escala de servicios públicos y socavar los objetivos nacionales de descarbonización.
«Este fallo es una victoria para la energía asequible en Estados Unidos, una victoria para los consumidores estadounidenses y una victoria para los trabajadores. Los costos de la energía están aumentando para los estadounidenses, y la única manera de ejercer presión a la baja sobre los precios es con más energía, no con menos. La energía solar y el almacenamiento, de bajo costo y rápida implementación, son clave para cumplir con los objetivos de la Administración Trump de mantener bajos los costos para los estadounidenses y reforzar nuestro liderazgo en IA a escala mundial. Este es un paso constructivo hacia permitir que la industria solar y de almacenamiento de Estados Unidos construya y entregue más energía estadounidense a hogares y empresas en todo el país», dijo el presidente y director ejecutivo de la Asociación de Industrias de Energía Solar, Darren Van’t Hof.
El cuello de botella administrativo había puesto en riesgo un estimado de 57 GW de energía limpia, lo que complicaba los esfuerzos para agilizar el acceso a la red para desarrollos a gran escala. Esta intervención judicial se produce mientras la industria sigue muy centrada en la reforma de los permisos para abordar el enorme retraso en las colas de interconexión.
Mientras las agencias federales continúan asignando fondos para manufactura e infraestructura, la fricción legal sobre el uso de tierras federales pone de relieve los desafíos de desplegar almacenamiento de energía y energía solar al ritmo que exigen los objetivos climáticos.
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