Con la llegada de la 4T el sector energético se ha convertido en un tablero de ajedrez, en el cual, el gobierno ha movido sus piezas desde el primer día y poco a poco ha comenzado a quitar de su camino los diferentes elementos que no fueran afines a sus intereses, pero en particular, a los ideales políticos que conforman a este movimiento auto-nombrado transformador.
Uno de los aspectos que mayor relevancia cobró al inicio de esta administración, fueron las modificaciones realizadas al interior de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual vio salir uno a uno a sus comisionados, la mayoría de los cuales, colaboraron para impulsar el desarrollo de la Reforma Energética, algunos incluso como parte del grupo técnico y redactor, como el caso del ex comisionado presidente Guillermo García Alcocer.
El exfuncionario público padeció la crítica frontal por parte del presidente, derivado de las señalizaciones a las ternas a comisionados propuestas por el titular del ejecutivo, cuya falta de conocimientos en el ámbito eléctrico fueron reveladas a lo largo de sus diferentes comparecencias ante el senado y que provocaron una ola de críticas en el sector.
En respuesta, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación por conflicto de intereses, acción la cual, saco a la luz las medidas que el gobierno estaba dispuesto a ejecutar y cuyo resultado derivó, meses después, en la renuncia del entonces titular de la CRE.
Un precedente sobre la imposición de los perfiles del gobierno fue el caso de Ángel Carrizales López, el cual fuera propuesto en cinco ocasiones para ocupar cargos en diferentes dependencias del sector energético, tales como consejero independiente de PEMEX, la CNH y la propia CRE; en todas fue rechazado.
Al final, Carrizales fue nombrado por el presidente como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), vacante la cual ocupó tras la salida de Luis Vera y el cual padeciera la misma situación que Alcocer; en su caso, por los señalamientos hacia la refinería de Dos Bocas y los inconvenientes que su construcción implicaría, derivado del resolutivo de manifestación ambiental del proyecto.
Con las piezas listas, el gobierno ha realizado una serie de embates contra el fundamento central de la Reforma Energética; la continuidad y el desarrollo de las Energías Renovables a nivel nacional. Los reclamos de aquellos actores que las representan, desde el sector privado, académico y sociedad civil han sido ignorados y la vía legal ha sido el único mecanismo que ha logrado poner un freno temporal ante algunas de sus decisiones.
Bajo la idea de soberanía energética, la SENER ha impuesto de manera autocrática una acción principal: alinear los objetivos de órganos desconcentrados y descentralizados a la planeación de política de rescate de las Empresas Productivas del Estado; influyendo en sus roles y actividades, y por ende, provocando parcialidad en el sector.
La solicitud de cancelación por parte de la CRE del pasado 12 de agosto [1] a diferentes acuerdos previamente aprobados en materia de transmisión y redes de distribución (A/002/2019), almacenamiento eléctrico (A/005/2019) y generación distribuida colectiva (A/034/2019), son un ejemplo más de la alineación política del sector energético y de las medidas del gobierno por limitar el desarrollo de las Energías Renovables.
Aunque los alcances técnicos para este esquema de generación fotovoltaica eran en cierta medida limitados, marcaba sin duda, un precedente el cual podía dar continuidad a una tendencia de generación de gran impacto y colaboración social.
Hasta el momento, la generación solar distribuida había sido el último nicho sin ser trastocado por el gobierno y su política energética. Sin embargo, los antecedentes y los hechos recientes nos permiten considerar que cualquier escenario por negativo es posible.
En la actualidad, existen proyectos impulsados a nivel local que han sabido aprovechar las ventajas que entrega la generación solar distribuida. Tal es el caso de Ciudad Solar en la CDMX, un proyecto emblema de la actual administración capitalina y que ha sabido encontrar en el impulso a este tipo de esquemas de generación, ventajas que les permitan a sus dependencias reducir sus costos de facturación eléctrica.
Así como este proyecto, muchos otros tanto públicos como privados han incorporado este tipo de tecnologías para apoyar a sus economías, no obstante, la falta de perspectiva por parte del gobierno deja en claro que si se trata de generación el único que debe tomar las riendas al respecto es la CFE y su imposición monopólica y centralizada.
Al final del día la ciudadanía, todos y cada uno de los usuarios del servicio eléctrico en México, ven como se aleja el ideal de empoderamiento social que les permita involucrase en la gestión de su energía. Si el gobierno, liderados desde el ejecutivo siguen moviendo sus piezas como hasta ahora, no es una sorpresa que el jaque mate resulte en una contra reforma y todo lo avanzado en materia de energías limpias quede atrás en el olvido.
Referencias
seguzd@gmail.com
[1] Comisión Reguladora de Energía, CRE. (12 de agosto de 2020). Sesión Extraordinaria – En materia administrativa. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569364/8._EXT._Orden_del_D_a_Agosto_2020.pdfThe views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.
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