COPARMEX, Diputados y la iniciativa de Reforma Constitucional en materia eléctrica

El sindicato de patrones congregados en la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex, dio inicio al foro “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica, impactos al bienestar.”

Este es el reporte de la confederación patronal de la primera de tres jornadas de trabajo que se llevarán al cabo a través de las diversas plataformas digitales de COPARMEX.

Durante la sesión inaugural, José Medina Mora, presidente de la confederación en su mensaje de bienvenida previo al análisis con legisladores acerca de los “Beneficios o Afectaciones de la Reforma Eléctrica”, expresó que la patronal coincide con los objetivos de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y de proveer luz a precios accesibles a los usuarios.

Medina Mora reiteró la preocupación de Coparmex sobre esta reforma en temas como el Estado de Derecho, respecto a la cancelación de contratos legales; el cuidado del medio ambiente, en el que México iría “en sentido contrario” a la tendencia en el mundo; las finanzas públicas, específicamente las de la CFE; la competitividad, en cuanto al autoabastecimiento, así como la afectación a la economía familiar por el incremento de tarifas.

Por su parte, la diputada Blanca Alcalá, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó: “hoy los legisladores tenemos la obligación de poder contrastar evidencias, de poder hacer los análisis técnicos y financieros que resulten necesarios para que la orientación de nuestras decisiones sean las adecuadas”.

De acuerdo con la legisladora de Morena, Patricia Armendáriz, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, una fuente de pérdidas para la CFE es el subsidio a las “Sociedades de Autoabasto” que disfrutan del porteo estampilla, y que muchas de ellas no son verdaderas sociedades de autoabasto, incurriendo además en defraudación fiscal, Destacó que la reforma del gobierno anterior presenta dos fallas de mercado: la conservación de los contratos de las Productoras Independientes de Energía Eléctrica, indexadas al dólar, que hacen que la CFE pierda anualmente más de 400 mil millones de pesos y el despacho “preferente” de las energías eólica y solar, basado en un sistema de precios donde solamente se consideran los costos variables y no los fijos, lo que beneficia a los privados. Eso hace que CFE no pueda despachar primero sus energías limpias y tenga que salir a comprar energía para el suministro básico.

En su turno Gabriel Quadri, secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la reforma del 2013 acabó con el monopolio y permitió la inversión; en cambio, esta contrarreforma acabará con la certeza jurídica, la certidumbre para la inversión, ocasionará la salida de México del Acuerdo de París, la muerte por contaminación y sería “una tragedia para el país”.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la fracción parlamentaria de su partido votará en contra de la iniciativa pues viola todos los tratados internacionales de los que México forma parte, amenaza la seguridad de las inversiones, elimina la transparencia en la rendición de cuentas, reduce la competitividad en el sector energético y viola los capítulos 14 y 21 del TMEC.

El legislador Mauro Garza Marín, sostuvo que la bancada de Movimiento Ciudadano no respaldará la iniciativa presidencial en materia energética pues están convencidos que las energías limpias, renovables y el cambio climático no son “un discurso vacío” y agregó “a los mexicanos no les sirve que se prendan plantas que son chatarra, plantas viejas, plantas obsoletas. Los mexicanos quieren energía limpia, energía barata”. Señaló que las empresas no van a querer invertir en nuestro país porque ellos tienen acuerdos ambientales, no es un mito, es una realidad”.

Para finalizar el primer día de los trabajos, José Medina Mora dejó para los legisladores un cuestionamiento acerca de ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de hoy para garantizar que tendremos energía para todos los mexicanos sin apagones, a precios accesibles y también energía para que haya inversiones de las empresas que generan empleo para los mexicanos, pero no para este año, sino para los próximo 20 o 30 años?

En relación con el impacto de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, también se llevó a cabo la mesa “Impactos ambientales y repercusiones en la Agenda 2030” moderada por Valentina López, consejera delegada de Agenda 2030 de Coparmex, en la que participaron Víctor Ramírez, vocero en la plataforma México, Clima y Energía; Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, integrante de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

Mirza Flores expresó que en la Cámara de Diputados preocupa la falta de diálogo, por lo que destacó la realización de este tipo de ejercicios, donde la sociedad civil pone atención al trabajo de sus representantes y les pide analizar a detalle la reforma eléctrica, una que dijo, según especialistas tendrá “mayores costos por la generación de energía, deterioro del medio ambiente, incumplimiento de acuerdos internacionales en materia comercial y del cambio climático, mayor incertidumbre, menor inversión y la posibilidad de mayores subsidios a la CFE y deterioro de las finanzas públicas nacionales”.

De acuerdo con lo dicho por Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), es positivo que la transición energética se eleve a rango constitucional aunque dijo, existen dudas de cómo se logrará, toda vez que la CFE sería la responsable de llevarla a cabo y con el presupuesto actual y de acuerdo al plan de negocios de la Comisión, donde contempla inversión en renovables para 2027, sería por demás complicado.

Por último, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, dijo que con esta reforma se dan pasos atrás y calificó como muy preocupante que se eliminen permisos y contratos -que lograron que en México se rompieran records de costos de producción más baratos- con lo que se daría discrecionalidad al director de la CFE para acordar, en un esquema fuera del artículo 134 constitucional, contratar energía. Agregó que más allá de ello, resulta delicado que la iniciativa considera ilegales a una serie de participantes de la industria “hay que decir que ninguna autoridad judicial ha dicho o ha puesto en la mesa que sean ilegales este tipo de permisos; sin embargo, la iniciativa ya por voz del presidente los califica de ilegales y entonces no les permite participar en el despacho a partir de que la reforma fuese aplicada”.

El foro “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica, impactos al bienestar” continuará este jueves y concluirá el viernes 29 de octubre, con cinco mesas de trabajo restantes, en las que los participantes analizarán la perspectiva internacional; el desmantelamiento del mercado eléctrico y sus afectaciones; la certidumbre jurídica para el sector energético; e impacto en la competitividad de las empresas, así como la afectación al bienestar social y su impacto en la hacienda pública.