La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados es contraria a los principios constitucionales de la libre competencia, irretroactividad de la ley, seguridad jurídica, eficiencia del mercado eléctrico, así como a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país respecto a las Energías Renovables y el medio ambiente. Y, de ser aprobada, solo generará, al igual que otras acciones administrativas previamente implementadas por el gobierno actual en materia energética, innumerables juicios y acciones de inconstitucionalidad de privados y entidades públicas.
La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, como área estratégica del Estado, no pueden ser contrarios al principio de libre concurrencia y competencia en actividades como la generación y comercialización de la energía, ya que esto traerá como consecuencia aumentos en el precio de productos y servicios que consumimos las y los mexicanos, y un mayor costo derivado de la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad(CFE), lo cual, innegablemente va en contra el desarrollo sustentable de la economía mexicana y de las energías limpias y renovables. La diversificación de nuestra matriz energética y el desarrollo de políticas para combatir el cambio climático apoyará a la comunidad con empleos y cerrará la brecha de pobreza energética que tenemos en México.
En adición a lo anterior, a continuación, resaltamos algunos de las consecuencias que tendría la aprobación de la iniciativa en comento en los términos planteados:
• Se dará prioridad en el despacho a la energía producida por las plantas de CFE sobre las de costo de generación más bajo, lo cual además de ser violatorio al principio constitucional de libre competencia que debe regir en el sector energético, impactará en la eficiencia del mercado y ocasionará altos costos de financiamiento para muchos proyectos, afectando así el desarrollo a la industria eléctrica y la inversión en la economía del país.
• El jerarquizar la energía producida de CFE frente a las energías renovables privadas, tendrá un alto impacto al desarrollo de nuevos proyectos de energías limpias, además de afectar la generación de las existentes y las inversiones realizadas por particulares en el sector. Eso resultará en una matriz energética más contaminante y un claro detrimento del medio ambiente y la salud de todos los mexicanos y mexicanas.
• No podrán cumplirse los compromisos asumidos en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” impulsada por la ONU y el Acuerdo de París, en virtud de los cuales nuestro país se comprometió a generar el 35% de energía limpia en el 2024 y43% al 2030. Lo anterior, aunado a los incumplimientos que se generen en los tratados internacionales de protección de inversiones que nuestro país tiene celebrados con diversos países. Esto generará que las empresas afectadas inicien arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados, lo cual puede traducirse en miles de millones de dólares pagaderos por nuestro país por concepto de indemnizaciones.
• En materia de interconexión, existirá una incertidumbre insostenible e infranqueable parala inversión privada por la adopción de criterios técnicos discrecionales, en un país que necesita crecimiento económico, generación de empleo y de energía, y que ha adquirido compromisos internacionales.
• Asimismo, el establecimiento de restricciones súbitas a los generadores para el acceso a la red de transmisión y distribución para la energía que producen, perdiéndose grandes inversiones ya realizadas y violando el principio de acceso abierto que rige en materia de infraestructura eléctrica.
• Por lo que hace a los proyectos legados, faculta a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de generación protegidos constitucionalmente y por la reforma energética por considerarlos “fraude a la ley”, no obstante encontrar su fundamento precisamente en ley.
• Se violan los principios constitucionales aplicables a todo proceso de contratación pública al permitir a CFE la adquisición de productos fuera del proceso de subasta.
• Pérdidas de empleo y afectaciones directas a mujeres que trabajan en la industria y ponen en juego su desarrollo e inclusión en la toma de decisiones ocasionada por la pérdida de oportunidades laborales. Incumpliendo también con el objetivo no 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por todo lo anterior, Mujeres en Energía Renovable México A.C nos unimos a exhortar al poder legislativo a una reflexión profunda sobre estas afectaciones y a que, en respeto y observancia al marco legal aplicable al sector energético, rechacen esta iniciativa que lesionaría al estado de derecho y en consecuencia afectaría gravemente a México y a sus mujeres.
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