“Por un tema ideológico”, las acciones recién tomadas por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía

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La firma consultora global en temas de energía realizó un seminario en línea titulado: “Regulación y Certidumbre Jurídica del Sector Renovable Mexicano”, en el cual participaron: Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético; Guillermo Zúñiga, abogado en temas de la Transición Energética; Jacobo Mekler, Presidente de Amexhidro, y Patricia Tatto, Vicepresidenta de ATA Renewables, y quien fungió como moderadora del panel.

Julio Valle director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y en su papel de vocero de esta y de la Asociación Mexicana de Energía Solar, inició la sesión que se desarrolló este miércoles 20 de mayo.

A continuación, publicamos la primera intervención del vocero de ambas asociaciones, texto en el cual deja plasmado su análisis sobre lo que representan las acciones y decisiones recién tomadas por la Sener y el CENACE.

“El acuerdo publicado por la Secretaría de Energía, sucede a aquél de hace un par de semanas que emitió el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y que claramente se trata de eventos distintos y ha generado confusión en muchos de nosotros y en muchos medios de comunicación, pero se trata de eventos distintos que van en la misma dirección. Están igualmente motivados en un tema ideológico y ambos ponen de pretexto a la pandemia para implementar medidas, barreras y restricciones de acceso a las tecnologías renovables, particularmente a la eólica y  solar, y generar una serie de atribuciones y facultades adicionales a las autoridades tanto en SENER como en CENACE que no están prevista en el marco legal.

Entonces hay impactos tanto de fondo como de forma, que seguramente podemos platicar un poco más adelante.

Claramente que ambos son preocupantes para el sector, generan impactos que considero son muy importantes.

Primero: Generan mucha incertidumbre por la manera en la que el marco jurídico se está violentando y que a partir de acuerdos administrativos se está tratando de tomar el marco jurídico del sector.

Esto claramente ahuyenta a la inversión, espanta a los inversionistas y va en contra de la competencia misma del propio sector.

Julio Valle. Vocero AMDEE y Asolmex

pv magazine

 

En una siguiente capa de impactos vemos los que podría tener directamente a las empresas que participan en el sector, bueno no sólo a las empresas sino también a los consumidores y en general a los participantes.

En este sentido, primero al introducir barreras de entrada a tecnologías renovables tanto en Gran Escala como en Generación Distribuida, pone en riesgo futuros proyectos que estuvieran listos en algún momento y más adelante plantearse para entrar a operar, pero también presentan restricciones para proyectos que se encuentran hoy en operación.

Entonces es una medida que claramente deja ver un aire de retroactividad, lo cual no está permitido de acuerdo a nuestro marco legal y evidentemente también atenta contra la competencia por la introducción de variables arbitrarias adicionales como pudieran ser reservas incrementarles definidas por la autoridad y plantas de carácter estratégico que una vez definidas, lo que estarían haciendo es operando fuera del ambiente de competencia, reduciendo el mercado de la competencia en perjuicio del producto final y evidentemente de los consumidores.

Lo cual me lleva a la siguiente capa de impacto: ¿Qué sucede con los consumidores? Al final de todo esto, los platos rotos los vamos a acabar pagando todos nosotros: Los consumidores residenciales, comerciales, Pymes, medianas empresas, industria, gran industria son los que finalmente van a tener que pagar todo esto.

El introducir combustibles más costosos a partir de este tipo de medidas arbitrarias va a generar no sólo incrementos en costos en la generación y muy probablemente en las tarifas eléctricas sino también va a tener afectaciones en impactos que van más allá de lo económico y entran en el terreno de la salud pública.

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Foto: Rogelio López López

Como todos sabemos, la calidad de combustibles pesados que está buscando introducir la CFE, nuevamente, en varias de las centrales que históricamente utilizaban esos combustibles y que en muchos casos llevaron a estrictas normas de calidad del aire y ambientales para proteger a la ciudadanía, se están viendo violentados a partir de este marco de emergencia en donde sólo se le echa la culpa a una serie de tecnologías con una serie de argumentos que ni siquiera corresponden a éstas, y no se está viendo por la salud de todos los ciudadanos sobre todo ante las circunstancias extremas que estamos viviendo; una pandemia que es particularmente grave para la gente que padece de enfermedades cardio respiratorias.  Añadir volúmenes significativos de partículas suspendidas evidentemente agrava la situación, vuelven más propensos a quienes están enfermos de contagiarse y más difícil su recuperación.

Recientemente hemos escuchado comentarios muy puntuales de personalidades del sector hablando de los impactos potenciales que estas medidas tienen, particularmente recuerdo el ejemplo que mencionaba de la central termoeléctrica de Tula, que pudiendo consumir gas natural está quemando combustóleo de alto azufre que producen en la refinería vecina, y el impacto que tiene esta medida es de cerca de 14 mil muertes prematuras al año por el tema de calidad del aire.

El problema es grave en todos los sentidos y la preocupación de una gama muy amplia de actores e interlocutores locales como las empresas que estamos en el sector, asociaciones, cámaras industriales que representan a grandes consumidores, representaciones diplomáticas de otros países en México que claramente tratan de reflejar no sólo la preocupación de las empresas sino también de un gran número de accionistas de fondos de inversión que cuentan con capital norteamericano, europeo, asiático, mexicano y que potencialmente están siendo afectados por una medida de esta naturaleza.

 

La situación en resumen es bastante grave. La petición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del cual somos parte ha sido muy clara: El gobierno puede detener esto, debería detener esto, tiene las capacidades y las facultades para desistirse de seguir tratando de alterar el orden jurídico por la vía administrativa. Las empresas y la industrias están defendiendo el marco jurídico como se establece a través de buscar en las leyes y en los tratados internacionales, los mecanismos de conciliación y de defensa de derechos que permitan asegurar que los derechos universales de los mexicanos y los derechos a la propiedad privada y a la competencia no sean violentados”.

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