“Hay áreas de oportunidad en la actual legislación, pero no se requieren cambios constitucionales”

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La pertinencia o no de reformar la Constitución Política sobre el sector eléctrico y también los resultados de la reforma energética de 2013 se analizaron en la novena mesa del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.

Víctor Florencio Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, explicó que la reforma de 2013 implicó deuda para generar energía a menores precios, lo que no ocurriría en caso de aprobarse la reforma constitucional: “Si la deuda es por recibir energía mucho más barata, qué mejor que recibir energía mucho más barata que seguirnos endeudando por mantener un esquema de monopolio con costos mucho más altos; la reforma, hay inversiones, son millonarias, son muchas las que tenemos que hacer, que sea el esquema de más bajo costo y esta reforma, lo que hace es dejarle todo al Estado.”

En esta mesa también se habló sobre la planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.

Para Rafael Mateu Lazcano, jubilado de la CFE: “No sólo se le arrebató a la CFE la posibilidad de la planificación del sistema eléctrico que con tanto esfuerzo había desarrollado durante más de 80 años, sino que normativamente se le prohibió tener una planeación integral entre sus procesos, ahora fragmentado en empresas productivas subsidiarias y filiales”.

Las políticas públicas que normaban el sector antes de la reforma energética del 2013, se agrupaban en seis apartados de acuerdo con lo expuesto por Mateu Lazcano:

• Planificación de mínimo costo
• Abastecimiento de energía a todo el país a precios competitivos, calidad y eficiencia
• Acceso a electricidad para toda la población
• Uso eficiente de la energía en todos los sectores
• Seguridad en el abastecimiento conforme a las expectativas de crecimiento económico
• Desarrollo de estrategia de emisiones de gases efecto invernadero

Pero la planeación de la CFE después de la reforma del 2013, fue restringida de acuerdo con Ismael Mateu: “La ley de la industria eléctrica llevó a una desintegración del sistema eléctrico a través de la fragmentación de la CFE. La planificación del Sistema Eléctrico Nacional le fue arrebatada a la comisión y paso a ser una responsabilidad de la Secretaría de Energía, quien debería de hacer esta función fundamental, pero ya no con una óptica de optimización de un sistema eléctrico al mínimo costo sino para satisfacer a un mercado eléctrico desordenado que ahora demandaba mayores inversiones en la red de transmisión. El sistema se había vulnerado pues se permitía el libre acceso y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución por parte de generadores privados.

Quedando la generación eléctrica en un mercado mayorista, regido por precios marginales locales. En cuento a la transmisión y distribución siguieron a cargo del Estado, pero con la amenaza latente de que la Secretaría de Energía otorgara contratos a inversionistas privados.”

El Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, que se define como un organismo del sector privado y centro de investigación apartidista civil sin fines de lucro estuvo presente en el Parlamento Abierto a través de su coordinador de energía, Óscar Ocampo, quien consideró innecesario modificar el texto constitucional relacionado con la industria eléctrica: “Existen áreas de oportunidad y de mejora, sí, sin duda, pero éstas se pueden abordar con creatividad regulatoria, no se requieren cambios legales, mucho menos constitucionales que dañarían en primer lugar a la CFE, financiera y operativamente; la clave está en permitir que cada actor institucional ejerza sus facultades de forma independiente”.

 

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