La hoy analista independiente del sector energético y que en el pasado fue funcionaria del gobierno del Presidente Peña Nieto, Rosanety Barrios, indicó que los objetivos que cualquier modelo energético debe perseguir es que todos los mexicanos tengan acceso a una electricidad a precios accesibles; que la matriz eléctrica cuide la salud, es decir, disminuir los gases de efecto invernadero y que la energía sea de calidad, para que no haya apagones, interrupciones del servicio ni pérdidas de energía que dañan a la empresa del Estado.
Para lograr dichos objetivos, dijo, se necesita más competencia, pero dejando la transmisión y la distribución de manera exclusiva del Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad. “Meter más competencia resuelve la posibilidad de que el Estado no tenga que invertir en donde no puede o no debe; se necesitan más energías renovables y ajustes regulatorios que no requieren un cambio constitucional. La función social de la CFE está contemplada e incluida en el marco legal vigente, a través del Fondo del Servicio Universal Eléctrico”.
Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), expresó que desde 1993 la Comisión Reguladora de Energía género más de mil 200 permisos a capitales extranjeros que han creado un mercado eléctrico paralelo, que lleva una competencia contra la Comisión Federal de Electricidad y “a eso responden las políticas privatizadoras de los últimos años”.
Indicó que se requiere una reforma energética acorde a los intereses del pueblo y que la iniciativa enviada por el Ejecutivo es positiva, correcta y de beneficio, la cual “los electricistas estamos dispuestos a defender”. Agregó que se cumplirán los compromisos internacionales y no habrá desabasto de energía ni incremento irracional de tarifas
Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), explicó que el crecimiento industrial y de población en el país requiere una demanda de satisfacción eléctrica muy importante. Imponer un modelo monopólico ante la realidad, dijo, es incompatible y no cumplirá las metas en materia eléctrica.
Consideró que la inversión privada es algo positivo y favorable para el desarrollo del país porque ha logrado incrementar la base de generación para la CFE, mejora las tecnologías, hace los procesos competitivos y da contratos equitativos. Además, ha logrado que los productos y empresas mexicanas sean más competitivos. “El Estado debe ser el rector, pero con colaboración de los sectores privados, públicos y sociales”.
Nicolás Domínguez, maestro en Física por la UNAM y doctor por la Universidad de Texas, comentó que en nuestro país el 10 por ciento de las empresas particulares del sector controlan el 40 por ciento de la generación privada, a las cuales no les gusta la competencia, pero su principal competidor, que es la CFE, la subsidia. Además, a pesar de las promesas de uso de energías limpias, usan generadores de gas natural, lo que es parte de los engaños en que se basó la reforma energética de 2013.
Resaltó que esta reforma no expropia siquiera un metro de cable y deja a los productores que no hayan violado la ley un 46 por ciento de un negocio de 6.4 millones de millones de pesos, por lo que debe aprobarse “si se quiere evitar un futuro de velas”.
La economista, consejera independiente, asesora en temas de energía y ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía, Monserrat Ramiro, subrayó que se necesita tener acceso a las energías limpias con precios competitivos. La iniciativa que se discute hoy, añadió, tendrá cambios e implicaciones profundos en el lugar que tiene México en el mundo, sus compromisos internacionales, comerciales, ambientales, pero sobre todo su capacidad para proveer a las y los mexicanos las condiciones para desarrollarse con salud y bienestar.
Consideró que “lo que la iniciativa puede generar, es que México se quede rezagado en su capacidad de generar suficiente energía y competir en el mundo, y no se cumpla al ciudadano el derecho a un medio ambiente sano; la propuesta está sustentada sobre primicias falsas”.
Manuel Ornelas, jefe de oficina de Medición y Servicios, de la CFE en Puerto Peñasco, Sonora, afirmó que la reforma de 2013 sólo benefició a la iniciativa privada, no disminuyó las tarifas para los consumidores, ni dio orden a la transición energética. Indicó que es necesaria una base constitucional y un organismo ejecutor que lleve a cabo las actividades que garanticen la seguridad energética del país, lo que se puede lograr a través de la reintegración de la CFE.
Al hablar a favor de la iniciativa, dijo que se requiere que el Estado regule al sector, garantice el suministro como derecho humano y lleve a cabo una transición energética ordenada, sustentable, soberana y acorde a las condiciones del mercado eléctrico mexicano. El cambio propuesto, expuso, promueve la utilización de energías limpias, pero de manera ordenada y priorizando la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Con información de la oficina de comunicación de la Cámara de Diputados.
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