Las declaraciones hechas a Bloomberg por el legislador Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, reconocen implícitamente la importancia de la inversión privada en la generación de energía eólica y solar.
Celebramos su compromiso de que “pase lo que pase, la energía renovable seguirá creciendo, toda, incluida la solar y la eólica”, que es un reconocimiento a las valiosas contribuciones de nuestra industria en el desarrollo de México y la impostergable Transición Energética.
Más del 99 por ciento de la generación eólica y solar de México proviene de la inversión privada. Además, dado que los documentos oficiales de planeación no consideran ningún proyecto nuevo de CFE en Energías Renovables, toda la nueva capacidad renovable tendría que ser privada.
Lamentablemente, la propuesta enviada al Congreso por el presidente López Obrador contradice la declaración del legislador de que se garantiza la continuidad de operación de los proyectos privados existentes. La legislación secundaria inevitablemente tendría que seguir el modelo que se busca consagrar en la Constitución – que limita la participación privada en el sector eléctrico y lo concentra en el Estado –, por lo que resulta desconcertante la noción de que ésta de alguna manera pudiera matizar el enfoque.
La propuesta del gobierno establece explícitamente que “el mismo día de la entrada en vigor […] los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad del sector privado, se cancelan”. Aunque afirma que las plantas existentes “podrán seguir generando electricidad”, espera que puedan hacerlo teniendo a la CFE como único cliente posible. Además, la empresa del Estado llegaría a determinar las “modalidades de contrato”, estaría “a cargo de los procedimientos para despachar” y llegaría a determinar “las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para los usuarios finales”.
Incluso si se hicieran ajustes al proyecto de Reforma Constitucional -eliminando, por ejemplo, la cancelación explícita de permisos- sus efectos generales seguirían siendo expropiatorios. Ello expondría a México a litigios, incluido el arbitraje internacional. Destruiría las posibilidades de la operación continuada de las plantas renovables de México, y más aún el desarrollo de nuevos proyectos, cancelando -de facto- la transición energética de México.
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