El pasado mes de marzo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer una publicación más de su serie editorial Enfoque NEXO, sobre temas agrícolas de América Latina.
En esta serie participan organizaciones como la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) “Sustainable Water Policy”, financiado a través de la GIZ y el programa global Diálogos Regionales del Nexo, implementado por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y por la Unión Europea.
En el texto introductorio, la edición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se indica:
“El NEXO entre agua, energía y seguridad alimentaria (WEF, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser un marco conceptual para analizar y gestionar las interdependencias e interconexiones entre los procesos de producción y uso entre estos sectores. En este marco, las interrelaciones entre estos tres sectores son diversas y complejas; especialmente en las cuencas hidrográficas que se caracterizan por un desarrollo económico concentrado. Consecuentemente, las tendencias actuales, en procesos tanto sociales como económicos y ambientales, sugieren que estas interdependencias estarán sujetas a un mayor estrés e intensificación en el futuro debido a los diversos factores globales que están afectando al sur-sureste de México y Centroamérica.”
Sobre cifras y datos duros que Marcela Aedo ofrece entorno al marco económico y agrícola del país que dan contexto a la triada Energía-Agua-Agricultura, destacan los siguientes:
“México está clasificado como un país de ingreso medio alto y tiene un ingreso per cápita de 9.673,44 de dólares al año hasta el 2018.
En los últimos diez años, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2,69 por ciento acompañado de un nivel de pobreza del 48,8 por ciento y un índice de Gini de 0,426 (con transferencias).
La contribución de la Agricultura a la economía mexicana es relevante, tanto por la generación de divisas, como por el aporte a la seguridad alimentaria del país. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Banco de México, en el año 2019, la producción total de bienes y servicios agropecuarios (PIBA) alcanzó 1.214.329 de dólares millones a precios constantes, contribuyendo en un ocho por ciento al PIB.
La estrategia de desarrollo regional implementada en el país (globalización y, principalmente, el TLCAN, hoy T-MEC coincidentes con la implementación del modelo neoliberal), ha acentuado la desigual estructural regional. Es así como se tiene una zona norte altamente dinámica económicamente (Norte-Noreste), y otras estancadas o en pleno retroceso derivado del desfase tecnológico, del declive de su planta productiva y de la ausencia de políticas adecuadas para incentivar los sistemas productivos locales y cadenas de valor (sur-sureste).
La zona del sur-sureste de México abarca nueve entidades Federativas, alcanza una extensión de 50,32 millones de hectáreas, correspondiente al 25,5 por ciento del territorio nacional y una población de 33,89 millones de habitantes (correspondiente al 28,8 por ciento de la población total del país).
De acuerdo con los antecedentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al año 2015, la población indígena en el territorio del sur-sureste era de 5,71 millones, correspondiente al 66 por ciento de la población Indígena total del país. La población rural alcanzaba los 11,7 millones de personas, correspondiente al 41,8 por ciento del total Nacional. En cuanto a la pobreza, de acuerdo con cifras entregadas por CONEVAL, al año 2018, en el territorio del sur-sureste había 21,2 millones de personas correspondiente al 62,5 por ciento de la población de este territorio y al 40,44 por ciento del total de la población nacional en condición de pobreza por ingresos.
Dada la relevancia que tiene el riego sobre la productividad del sector agrícola y la seguridad alimentaria, la alta vulnerabilidad que presenta esta población a los efectos del Cambio Climático y los persistentes niveles de pobreza y pobreza extrema en el sur-sureste de México, el estudio se propone hacer un diagnóstico sobre el estado del arte del riego en el territorio. Se buscan establecer las principales iniciativas implementadas, así como los montos de las inversiones que se están realizando, para analizar la implementación del concepto NEXO a las propuestas de trabajo, y así, promover el riego en territorios rurales rezagados del país, en donde predomina la agricultura familiar.”
Sobre el tema, la agencia alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en su capítulo México realizó en el 2018, una breve reseña sobre el tema agricultura, comunidades indígenas del Sur del país y energía solar.
Sobre el particular sugerimos con especial énfasis consultar la “Guía: Cooperativas de energía sustentable en México”, que la agencia europea editó en México.
“Sistemas de riego con bomba solar (SPIS) en la agricultura familiar (AF)
En la primera década del siglo XXI, la cobertura eléctrica nacional llegó al 96,6 por ciento en México. Sin embargo, existen aproximadamente 3,5 millones de personas sin acceso al servicio, de las cuales el 60 por ciento pertenecen a comunidades indígenas situadas en comunidades rurales pequeñas en lugares alejados que enfrentan otras dificultades graves (falta de servicios e infraestructura básica como caminos, agua, telecomunicaciones, escuelas y atención de salud).
El Estado reconoce que, debido al crecimiento demográfico, la cantidad de personas sin acceso a electricidad aumentaría en 20 por ciento en los siguientes 10 años, transformándose en una cuestión urgente.
El Proyecto Servicios Integrales de Energía de México (PSIE) apoya los objetivos de extender la electricidad a todas las zonas del país instalando granjas solares y otra infraestructura para abastecer de electricidad a las comunidades alejadas.
México viene implementando desde el año 1996 una política de Aplicaciones Fotovoltaicas en el Sector Agropecuario (SAGARPA, 2011), lo cual ha permitido el desarrollo proyectos no sólo en la instalación de SPIS sino que también en el resto de la cadena productiva.
El objetivo principal de ésta política es mejorar la rentabilidad de las UPR (Unidad de Producción Rural) , revertir el deterioro de los ecosistemas y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
Aunque la política había contabilizado más de 2.600 proyectos implementados en el país al año 2011, no se logró contar con información actualizada del avance a la fecha, ni cuantos de éstos proyectos se han implementado en la región del sur-sureste del país.”
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