En la ciudad sonorense de Guaymas en la comunidad de San Francisco, está en proceso de construcción un parque fotovoltaico, ahí se ha gestado un problema: transportistas locales denuncian que están siendo desplazados por transportistas foráneos quienes llevan a los trabajadores al sitio de construcción, y no sólo eso, los conductores locales informan que se les exige una cuota de hasta 700 pesos si quieren trabajar en el lugar.
Reportes de la prensa local, replican los testimonios de Ángel Mayorquín Carrillo, secretario del transporte de la federación de trabajadores de la CTM en la región de Empalme, quien señala que son los integrantes del sindicato de electricistas de la zona, los responsables del conflicto.
Quienes generan los desplazamientos y exigen las cuotas, según Mayorquín Carrillo, son los sindicalizados; no obstante que los autorizados de prestar el servicio corresponden a los conductores locales pues trabajan y operan sus unidades dentro del municipio en el que habitan y han venido ejerciendo su labor desde hace años.
Mientras el conflicto persiste, el plantón que los transportistas realizan ha detenido la construcción del parque solar evaluado en 80 millones de dólares, según el reporte.
Al margen de que es deseable y obligado que el conflicto encuentre sus causes hacia una solución de acuerdo con lo dispuesto por la ley, este es un botón de muestra de los conflictos sociales en torno a campos de generación de energía renovable. Situaciones similares ocurren y con frecuencia en campos eólicos con especial relevancia en Oaxaca.
Si el Estado de Derecho es observado con mayor puntualidad en ciertos lugares más que en otros, entonces: ¿habría que trasladar campos fotovoltaicos y eólicos donde los derechos de unos no se vulneren a favor de otros?
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