‘Vivir a oscuras: La pobreza energética en México’

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Imagen ‘Vivir a oscuras’ México Evalúa

Aportar elementos vía cifras e ideas que genera la investigación académica en el terreno de la energía nunca ha dejado de tener relevancia, pero hoy, el escrutinio puntual sobre el tema energético que se desarrolla desde la plaza pública es imprescindible debido a las deliberaciones entorno a la iniciativa de reforma eléctrica que se discute en el Congreso de la Unión, pero también y por fortuna, fuera de él.

De acuerdo con el estudio ‘Vivir a oscuras: La pobreza energética en México’, que ha puesto en circulación la asociación ‘México Evalúa”, en el cual participó la Dra. Miriam Grunstein, y que se unieron a este esfuerzo editorial los investigadores Viviana Patiño, Santiago José Illingworth, Steven O’Neill y Jan Lukas Lyne, el trabajo llega justo en un contexto nacional energético que resulta obligado revisar a ‘pie puntillas.’ La planeación de la investigación estuvo a cargo de Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la asociación civil.

Grunstein quien, por cierto, concedió una amplia y profunda entrevista a Pv magazine México vive ‘su propia transición energética’, sin dejar su enfoque en la investigación en temas de hidrocarburos, pero desde hace más de un lustro ha incorporado a sus estudios diversas aristas que dan forma a la transición energética que vive el mundo y México con él.

Cifras y datos que recoge para sus análisis, ‘Vivir a oscuras: La pobreza energética en México’ son contundentes.

Los tres primeros párrafos del apartado 2.1.1 son contundentes, y a la letra se lee:

“Los Procedimientos Especiales de la ONU, y otros tratados de derechos humanos emitidos por la organización, han debatido en varias ocasiones sobre la conveniencia de involucrar a actores privados en el suministro de bienes y servicios esenciales, y sobre las obligaciones de los gobiernos de regularlos y monitorearlos cuando sea el caso. Aunque la privatización de la provisión de bienes y servicios esenciales ha sido duramente criticada por un relator de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, por sus efectos negativos en el disfrute de los derechos humanos (Human Rights Council, 2018), la legislación internacional ha estipulado que éstos pueden salvaguardarse ‘en el contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y políticos’, es decir, ya sean socialistas, capitalistas, mixtos, de planificación centralizada, de laissez-faire o en cualquier otro modelo.

La ONU afirma, además, que en los casos en que los gobiernos permitan la intervención de privados, los primeros deben monitorear su comportamiento para garantizar que el goce y ejercicio de los derechos humanos no dependa de la capacidad adquisitiva de la población para acceder a un servicio. En este sentido, diversos organismos de derechos humanos aseveran que las tarifas y los costos de conexión a los servicios esenciales, como el suministro de agua y electricidad, deben ‘diseñarse de manera que sean asequibles para todas las personas (incluso mediante políticas sociales)’. Asimismo, es posible imponer a los particulares involucrados obligaciones de servicio público (OSP), las cuales pueden usarse para vincular a las empresas a la prestación de servicios de calidad y utilizar principios de no discriminación y acceso a la información.

La recomendación de la ONU de vigilar el desempeño del sector privado es congruente con un modelo de mercado donde coexisten los sectores público y privado, y donde también participan las organizaciones de la sociedad civil. En efecto, creemos que la concurrencia de estos sectores es muy recomendable, en principio, porque nuestro marco jurídico lo permite. El artículo 25 constitucional abre las puertas para que la pobreza energética sea resuelta por el sector público, privado y la sociedad civil. (Kleinfeld y Sloan, 2011)”

Situación cotidiana el cocinar con leña. San Juan Chamula, Chiapas. Foto: Jorge Zarco, 2020

El texto que ya está en circulación a través de la asociación ‘Mexico Evalúa”, y por medio de plataformas electrónicas aporta más datos relevantes.

Uno, de los muchos aportes que merecen reflexión y acción son producto de los investigadores Kleinfield y Sloan, ellos proponen algo novedoso: “La clave para la solución de la pobreza energética en cualquier lugar del mundo es que la población de bajos ingresos sea vista como consumidora de bienes y servicios, y no como beneficiaria de obras de caridad. Los autores mencionan varios casos en que las donaciones de plantas de generación y redes de transmisión de gran escala con el paso del tiempo se vuelven chatarra por falta de financiamiento para su operación y mantenimiento.

Kleinfeld y Sloan de acuerdo con la cita que de ellos se hace, describen que desde los años 50 y 60, la falta de electricidad era considerada un obstáculo hacia el desarrollo, y los sistemas centralizados fueron considerados la solución preferida por el Banco Mundial. Las grandes hidroeléctricas son de las alternativas más eficientes. En Brasil el 85 por ciento de la electricidad se genera así y en Egipto el 60 por ciento.”

El final del documento dos datos duros sobre nuestro país:

“En México un 36.7 por ciento de los hogares en México sufren pobreza energética (García-Ochoa y Graizbord, 2016), y de los 4.8 millones de hogares que cocinan con leña o carbón en el país –y que representan el 11.3 por ciento de los hogares totales–, sólo una cuarta parte cuenta con una chimenea o un ducto para expulsar el humo del hogar (Inegi, 2020c)”

La pobreza energética un asunto en constante evolución desde hace décadas en México. Un tema que a todos convoca.

Energía para el Buen Vivir, ‘Yeknemilis Tlan Latamat’. Taller impartido sobre sistemas fotovoltaicos aislados. Foto de archivo: Agencia Estatal de Energía de Puebla

 

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