El IMCO da a conocer su reporte sobre el Índice de Competitividad Estatal, al mes de abril del 2021, un documento en el que se registran avances y retrocesos que en diferentes renglones de la actividad económica, social y de seguridad en sus respectivos sub renglones han registrado las 32 entidades federativas del país.
Todos los resultados que arroja el índice hacen hincapié en que se generaron dentro del contexto que ha definido y limitado la Covid-19, en México en los últimos 14 meses.
El IMCO una asociación civil que se define como un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, dedicado a enriquecer con evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente, el organismo privado define la competitividad de los estados como la capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión.
El índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices.
A la Ciudad de México, el reporte la clasifica como la única entidad con competitividad alta, y Guerrero como el estado menos competitivo.
En materia de innovación y a pesar de la pandemia, la Ciudad de México ocupa el lugar número uno. En seguridad destaca en la primera posición el estado de Yucatán y en interconexión con el exterior, el estado mejor posicionado es Chihuahua.
En el renglón en el cual todas las entidades retroceden es el económico: “Todos los estados empeoraron en su crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual pasó del 1.2 por ciento a menos 2.3 por ciento (promedio de la tasa de crecimiento real de los últimos tres años).
En el sector energético, el IMCO propone la generación de energía en hogares y unidades económicas vía el modelo de Generación Distribuida a través de difundir de manera sencilla las ventajas que trae el esquema de generación in situ y las opciones para los distintos tipos de consumidores, campaña de difusión que sería un aliado, de acuerdo con el documento, para expandir la instalación de paneles fotovoltaicos en toda la República Mexicana.
En lo que se refiere al apartado de la energía, el ‘Índice de Competitividad Estatal 2021’ propone garantizar el acceso a la generación de energía limpia y renovable a través de las siguientes acciones:
Facilitar el tendido de infraestructura de energía. Los gobiernos estatales pueden facilitar la instalación de infraestructura energética en sus entidades, en la medida de sus atribuciones, al facilitar la expedición de permisos y el uso de terrenos.
Difundir los incentivos fiscales existentes para la instalación de capacidad de generación eléctrica renovable. Una mayor promoción de los beneficios que los gobiernos estatales ofrecen para las tecnologías verdes, como reducciones en el impuesto sobre nómina (ISN), incrementaría el atractivo para las inversiones sustentables.
Promover la Generación Distribuida en hogares y negocios. Una campaña de promoción que explique de forma sencilla las ventajas de esta generación y las opciones para los distintos tipos de consumidores sería un aliado para expandir la instalación de paneles fotovoltaicos en los estados.
Utilizar a las agencias estatales de energía para promover la inversión en parques renovables. Las agencias estatales de energía pueden jugar un papel de coordinación a nivel estatal para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura renovable. Estas agencias pueden ser el principal punto de contacto de las empresas con el gobierno estatal.
El papel de estas dependencias como agencias promotoras de inversión en el sector se ha incrementado en la medida que las autoridades federales se han cerrado a la inversión privada en energía. Es necesario convertir estas agencias en órganos descentralizados de la administración pública estatal y que cuenten con un marco legal y regulatorio definido. Esto no implica asumir atribuciones que corresponden a la federación, sino contar con una estructura que permita a las entidades tener una política energética propia dentro de sus facultades constitucionales. Las agencias de energía de estados como Jalisco y Tamaulipas han sido exitosas en adoptar este federalismo energético.
Imagen de Finsolar
Incluir criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y generación eléctrica limpia en licitaciones de compras públicas. El concepto de compras públicas sustentables ha ido creciendo en América Latina. Los países de la Alianza del Pacífico lanzaron en 2016 el “Proyecto de Cooperación Triangular “Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los países de la Alianza del Pacífico” que pretendió establecer criterios sustentables para bienes y servicios prioritarios, los cuales van desde papel hasta electrodomésticos y computadoras, así como servicios de limpieza, publicidad, alimentos y vigilancia en inmuebles. Este proyecto ofrece una ruta crítica que podrían implementar los gobiernos estatales en sus dependencias.
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