El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) obtuvo una suspensión provisional contra el “Acuerdo” generado por el Centro Nacional de Control de Energía y la “Política” que emitió la Secretaría de Energía que afectaban directamente la evolución de la industria de las Energías Renovables.
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La suspensión provisional a favor del CEMDA fue concedida este fin de semana.
Habría que recordar que el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por Cenace se dio a conocer el pasado 29 de abril, mientras que el 15 de mayo la Secretaría de Energía dio a conocer la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Diversos reportes de prensa han recogido testimonios importantes con respecto a la actual situación de tensión que ha impactado a todos los actores de esta industria y a su evolución. Aquí se presentan algunos fragmentos.
CEMDA y Greenpeace, que en días pasados obtuvo un fallo favorable, presentaron amparos frente a los documentos generados por las entidades oficiales citadas.
Greenpeace obtuvo la suspensión provisional el 25 de mayo por parte del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, y ahora el fallo provisional fue concedido al CEMDA, por parte del Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Primero de Distrito en dicha materia.
La oposición de las organizaciones civiles al “Acuerdo” y a la “Política” radica en que impiden a México avanzar en la Transición Energética vía fuentes renovables y estanca al país al seguir dependiendo de los combustibles fósiles, a pesar de los graves impactos que esto tiene en la salud humana y en el medio ambiente.
“Además de que los acuerdos motivo de la demanda fueron emitidos en franca violación al marco legal y constitucional, son medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático. Son medidas injustas pues profundizan nuestra exposición a seguir respirando aire contaminado, lo cual nos hace más vulnerables a contraer padecimientos respiratorios y eleva el riesgo de mortalidad en contextos como el actual con la pandemia del COVID-19”: Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA.
María Colín, Especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México: “Esta batalla judicial es un primer paso para luchar a favor de la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a Energías Renovables accesibles y asequibles de todas las personas, que ayuden a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, con proyectos comunitarios de generación distribuida. De ninguna manera significa defender los intereses de las grandes empresas del sector, porque incluso algunas de ellas, lamentablemente han contribuido a escenarios indeseables, como el despojo de tierras o el atropello a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o equiparables”.
Es importante recordar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que, en materia de generación eléctrica, se debe respetar la sustentabilidad en materia energética, fomentar la utilización de energías renovables y asegurar la disminución de las emisiones contaminantes en la industria eléctrica, cuestiones que fueron ignoradas por los citados acuerdos de Cenace y Sener.
En cuanto a sus compromisos internacionales, el Estado mexicano debe asegurar el cumplimiento de los objetivos encaminados a alcanzar el 35% de la generación de energía a través de fuentes limpias al 2024, así como garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París y las metas climáticas establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC por sus siglas en inglés) y en la Ley General de Cambio Climático (LGCC).
Las organizaciones consideramos que se deben fomentar proyectos que aseguren el acceso de toda la población a energías renovables, particularmente aquellas que ahora no tienen acceso, con redes inteligentes y suficientes; todo lo cual conduzca al país a un desarrollo sustentable y a un crecimiento de bajo carbono. En este sentido, nos pronunciamos por proyectos energéticos a pequeña escala que puedan ser operados por las propias comunidades y por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de las poblaciones en cuyos territorios se pretendan instalar proyectos energéticos, sean públicos o privados.
En ese sentido, consideramos que, en los proyectos de energía renovable donde existan irregularidades en el otorgamiento y ejecución de contratos, o que se encuentren en disputa con las comunidades donde pretenden instalarse, las autoridades competentes deben llevar a cabo una investigación, caso por caso y actuar de conformidad con el marco legal.
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