Con una trayectoria profesional de más de 150 años de trabajo continuo, realizando reportes de inteligencia de mercado en varias esferas de la economía así como desarrollar análisis puntuales como el que hoy nos presenta, S&P Global Ratings no comparte su perspectiva sobre los cinco marcos regulatorios nacionales en el que operan las empresas en América Latina.
El reporte recién publicado se enfoca en la normatividad vigente de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
De acuerdo con las opiniones de los expertos de esta firma calificadora global, las siguientes son ideas generales de los cuatro países latinoamericanos abordados en su estudio.
Sobre México, se rescatan los puntos que se consideran más sobresalientes.
• En Chile, el regulador tiene una sólida y larga trayectoria. El marco ha sido resiliente a los ciclos económicos expansivos, y a su vez, incluso más importante, a las recesiones.
• De manera similar, los esfuerzos en Colombia para garantizar la estabilidad de las compañías eléctricas se han extendido por un periodo de casi 30 años.
• El marco regulatorio de Brasil está mejorando gradualmente. Las tarifas reflejan mejor los costos de la electricidad, lo que a su vez impulsa la estabilidad financiera de las empresas en el sector. Dicho esto, la industria experimentó cierta interferencia política durante la administración federal recién concluida.
• Argentina ha hecho varias modificaciones para reducir las distorsiones del mercado desde que el presidente Mauricio Macri asumió su cargo a finales de 2015; sin embargo, se considera que la normativa aún tiene pocos años desde los cambios efectuados por el actual gobierno como para que sea comparable con la de sus países vecinos.
Palacio de Minería, Universidad Nacional Autónoma de México
Sobre México, pv-magazine reproduce lo que el reporte ejecutivo de S&P Global Ratings dice sobre los aspectos destacados de la jurisdicción mexicana.
Estabilidad del regulador. El marco regulatorio en México tiene antecedentes de cumplimiento de los contratos. Sin embargo, actualmente no está claro si la nueva administración federal (2018-2024) planea introducir cambios significativos a largo plazo en el sector energético.
En el corto plazo, se considera que el nuevo gobierno tendrá incentivos para aprovechar la flexibilidad de la Reforma Energética de 2013, para seguir atrayendo la inversión privada al sector. En particular, se piensa que el nuevo gobierno se inclinará a atraer inversión a las plantas termoeléctricas, eólicas y solares, cuya producción apoyaría el objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nueva administración.
Independencia regulatoria. De acuerdo con la Constitución mexicana, la Secretaría de Energía está a cargo del desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Esto incluye el programa indicativo de instalación y retiro de instalaciones eléctricas, el desarrollo y modernización de las redes de transmisión y distribución. Este programa se elabora anualmente y tiene una proyección a 15 años.
El CENACE es una agencia pública descentralizada a cargo del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista, y otorga acceso imparcial al sistema eléctrico.
La CRE es un regulador independiente del sector energético. Tiene la obligación de hacer cumplir la Ley de la Industria Eléctrica, la cual establece el marco del sector.
De acuerdo con la Ley de Industria Eléctrica de 2014, la generación se despacha con base en el costo mínimo, con el fin de beneficiar a los usuarios finales. Además, el mercado mayorista se creó para el segmento de generación para establecer las bases para obtener mejores tarifas eléctricas.
Fijación de tarifas: Brinda soporte crediticio. En 2017, la CRE estableció la fórmula para determinar las tarifas eléctricas en el país, la cual tiene dos componentes principales.
El primero es un componente fijo, el cual incorpora cada segmento de la cadena de valor en la industria eléctrica, como la distribución, el mantenimiento y la operación. Además, este componente varía dependiendo de la zona geográfica y de las tendencias de consumo.
El segundo componente es un elemento variable, el cual depende del costo de la generación de electricidad, el cual está estrechamente correlacionado con el costo del combustible utilizado para la generación de electricidad. La CRE publica las tarifas mensualmente. Las empresas de generación en México reciben un costo marginal, ya que el costo variable se traslada al comprador.
Eventos futuros: Brinda menos soporte crediticio. En los siguientes meses, se tendra un panorama más claro respecto a la posición de la nueva administración federal en relación con los factores claves en el sector, especialmente sobre la participación del sector privado para incrementar la generación de energía, particularmente la renovable.
Por otra parte, se espera una mayor claridad sobre la opinión de la administración sobre el suministro de gas natural a la red de ductos para la generación de electricidad, y el subsecuente desmantelamiento de las plantas eléctricas alimentadas con petróleo.
Por último, la participación del sector privado en los procesos de licitación para construir, administrar y operar las líneas de transmisión en el país.
El requerimiento de capacidad adicional de México para el periodo 2018-2032 es de alrededor de 66,912 MW, de los cuales se planea que casi 40 por ciento provenga de Energías Renovables (principalmente eólica). La meta del gobierno es incrementar el porcentaje de energías renovables a 35 por ciento en la matriz energética para 2024.
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