Las comunidades y su opinión en obras de infraestructura

Uno de los grandes temas de las décadas recientes para el diseño, construcción y puesta en marcha de grandes obras de infraestructura es la operación de estas y cómo podrían afectar al medio ambiente que las rodea pero, sobre todo y lo más importante, cómo podrían incidir sobre las comunidades ubicadas en su entorno.

En este tema son varias las instituciones que el Estado mexicano ha depositado facultades legales para observar que se lleve al cabo una relación armónica entre comunidades e infraestructura.

En el terreno económico que nos ocupa, la Secretaría de Energía y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tienen un papel decisivo; ambas tienen la facultad, por diversas vías, de aplicar los reglamentos indicados en cualquier zona del país.

Uno de estos procesos se le conoce como “Evaluación del Impacto Social”, es un documento obligado que identifica a las comunidades ubicadas en el área de influencia de un proyecto, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.

La Evaluación del Impacto Social es un instrumento de política pública que permite a las empresas promoventes, realizar un proceso de análisis, monitoreo, administración de riesgos y consecuencias sociales positivas y negativas derivadas de sus planes de infraestructura.

De acuerdo con documentación gubernamental, los beneficios de un proceso de Evaluación de Impacto Social son:

• Promueve la sustentabilidad y los derechos humanos en el sector energético.
• Proporciona certeza, seguridad y armonía a los inversionistas, pues constituye el primer paso en la prevención de los impactos sociales.
• Promueve la participación de todos los involucrados (sector privado, público y sociedad civil), reconociendo sus intereses, cumpliendo con las leyes y normatividad vigente y permitiendo que la información fluya de forma oportuna y pertinente para la toma de decisiones.
• Identifica y previene los posibles impactos sociales que podrían significar un riesgo para el desarrollo de los proyectos, así como identifica los posibles impactos positivos.
• Provee un análisis detallado de los actores de interés y de su influencia positiva o negativa para la consolidación de los proyectos.
• Permite obtener financiamiento del sistema bancario internacional comprometido con los Principios de Ecuador*, así como el cumplimiento de estándares internacionales que promueven los derechos humanos y la sostenibilidad social.
• Ayuda a disminuir gastos futuros en la solución de problemas y posibilita la reducción de costos por probables litigios, retrasos en aprobaciones, control de protestas o situaciones de violencia contra personal de la empresa y/o de sus bienes, así como las pérdidas comerciales por perjuicio de reputación.
• Reduce costos de capital por lo que aumenta el valor para los accionistas del proyecto.

* Los Principios de Ecuador son un marco voluntario de gestión del riesgo de crédito para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales en las operaciones de financiación de proyectos.

Estos principios han sido impulsados por diferentes entidades del sector financiero en coordinación con la Corporación Financiera Internacional, agencia dependiente del Banco Mundial.

Las empresas que quieran acceder a una financiación de su proyecto por parte de alguna entidad bancaria, adheridas a estos principios, deben cumplir los requisitos estipulados en los mismos.