La fotovoltaica clave para que México conquiste sus metas de descarbonización al 2060

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Iniciativa Climática de México (ICM), presentó el informe Ruta Emisiones Netas Cero para México 2060, desde Sociedad Civil (RENC-SC), el cual plantea un camino posible de descarbonización para que el país pueda reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y llegar a las emisiones netas de cero en 2060, la fecha más cercana posible desde el punto de vista de la factibilidad técnica y financiera.

Durante la presentación del documento que hoy tuvo lugar en el centro de la CDMX, Adrián Fernández, director de ICM: “Con este análisis ICM busca apoyar al gobierno de México para que pueda presentar un planteamiento sobre el camino a seguir para llegar a cero emisiones netas, en la próxima reunión de cambio climático de la ONU a celebrarse en Dubái a principios de diciembre”

El documento en materia de energía indica que será indispensable corregir las políticas públicas de los últimos años para priorizar a las energías renovables, como la solar y eólica, por encima de los combustibles fósiles, lo que repercutirá en beneficios sociales y económicos, además de los climáticos.

Sobre cómo las energías limpias podrían contribuir a los procesos de descarbonización, el reporte hace énfasis en la generación de energía vía paneles solares y aerogeneradores: “La energía solar fotovoltaica a gran escala deberá incrementarse de los 6 GW actuales a 26.9 GW en 2030, para luego llegar a 63.2 GW en 2060. Por su parte, la energía eólica deberá pasar de 6.5 GW a 17.5 en 2030 y a 73.3 GW para los mismos periodos. De esta manera, se estima que más del 50% de la generación de energía eléctrica a nivel nacional provendrá de energías renovables a partir de 2030. Lo anterior debe de ir acompañado de inversiones en la Red Nacional de Transmisión (RNT) para incrementar la capacidad en al menos 10.6 GW y fortalecer las Redes Generales de Distribución (RGD) como una condición habilitadora indispensable.”

Central fotovoltaica Puerto Peñasco, Sonora, México. Imagen de archivo de Chint

Imagen de archivo de Chint México

La RENC-SC también plantea que a partir de 2027 no se instalen nuevas centrales de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles. En este sentido, es indispensable la salida justa y progresiva del carbón antes de 2030, así como la eliminación completa del combustóleo a más tardar en 2035. Asimismo, el consumo de gasolina y diésel en el sector transporte llegará a su máximo en 2026 y se reducirán en 97 por ciento y 87 por ciento respectivamente, para 2060.
Además, las propuestas contempladas en la RENC-SC incluyen medidas para reducir las emisiones de metano generadas durante la producción de petróleo, que en conjunto reducirían las emisiones de este gas en 1.3 por ciento con respecto a la línea base para 2060, lo que equivale a 14 MtCO2e.

El reporte hace referencia al gas natural del cual indica que su consumo deberá hacer pico alrededor de 2030, para disminuir el consumo a partir de esa fecha. Apostar a utilizar más gas natural para atender la demanda creciente de electricidad esperada en los siguientes años, sería un grave error que impediría que México cumpliera sus metas de mitigación a 2030 (contribuciones al Acuerdo de París) y que lograra cumplir con la ruta hacia las emisiones netas cero para 2060, planteada en este informe.

La puesta en marcha de esta ruta la cual incluye temas como Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés); Electricidad; Eficiencia Energética; Industria; Petróleo y Gas; Residuos, y Transporte, demandaría una inversión de alrededor de 11 billones de dólares, casi el doble de la inversión requerida. Además, enfatizó que esto es posible ya que 57 por ciento de las medidas de mitigación consideradas en la RENC-SC son costo efectivas. La elaboración de la RENC-SC se hizo mediante un robusto análisis técnico y científico, además de un proceso colaborativo en el que se contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos de juventudes, academia, sector privado y gobiernos de los estados de la República.

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