Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, ha asegurado que, desde la empresa minera china Ganfeng Lithium, se está tramitando ante sede judicial un pedido de amparo en contra de la medida tomada por la Dirección General de Minas (DGM), de la Secretaría de Economía, de cancelar las concesiones otorgadas en 2017 para la explotación de nueve yacimientos de litio localizados en el municipio de Bacadéhuachi.
Oportunamente, desde Ganfeng Lithium se había asegurado que “según la DGM, si las subsidiarias mexicanas no presentaron evidencia suficiente dentro del plazo especificado para demostrar que habían cumplido con las obligaciones mínimas de inversión para el desarrollo de concesiones de litio en 2017-2021, existía el riesgo de cancelación de las concesiones de litio”.
El conflicto sucede a partir de que el presidente López Obrador anunciará el año pasado la nacionalización de todos los yacimientos del mineral, aunque con el compromiso de respetar todas las concesiones otorgadas previamente a compañías mineras extranjeras.
La semana pasada López Obrador justificó la revocación de las nueve concesiones para explotar litio a Ganfeng Lithium. “Se está revisando porque las concesiones mineras se entregaban básicamente para la explotación de oro, de plata, de cobre, no de litio. Entonces por eso fue el decreto de nacionalización de litio y solo es este caso de esta minera de origen chino, que originalmente era de una empresa inglesa”, dijo.
Según aseguró la agencia EFE, la firma china es propietaria de las concesiones tras la adquisición de Bacanora Lithium, que le otorgó el control de la mina de litio en roca más grande del país, con reservas estimadas en unos 243,8 millones de toneladas.
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