Imagen de Leonardo Beltrán
El 15 de diciembre de 2021, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo parlamentario para realizar una serie de reflexiones formales en ‘parlamento abierto’ para ampliar el análisis del proyecto de reforma constitucional presentado por el titular del Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado, que de aprobarse reconfigurará el sector energético. [1]
Del 17 de enero al 28 de febrero, se discutieron seis temas en 25 foros que abarcaron 136 presentaciones individuales, donde la mayoría de los expositores que apoyaron la reforma provinieron de la empresa estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los temas discutidos abarcaron desde conocimientos previos sobre el sistema eléctrico creado por la Reforma Energética de 2013, incluido el papel del gobierno, sus metas y resultados, hasta el contenido de la nueva reforma, sus implicaciones ambientales, la transición energética y el papel de la electricidad como un derecho humano. [2]
El parlamento abierto fue un ejercicio útil por dos razones.
Por un lado, ayudó a sensibilizar al público en general, ya que fue transmitido en directo por el canal del Congreso (sistema de tv público) y otros medios digitales; por otro, ayudó a los parlamentarios y al público en general a identificar claramente los pros y los contras de la iniciativa.
Sin embargo, las reglas acordadas por la Junta de Coordinación Política del Congreso solo indicaban que el parlamento abierto ayudaría a ampliar el análisis de la iniciativa, pero no contemplaban sus posibles ajustes.
Ciertamente, el parlamento abierto es una herramienta muy acogedora para contrastar ideas y argumentos, pero también es una oportunidad perdida para hacer efectiva la participación de la población en estos procesos. Si queremos involucrarnos y crear los incentivos para tener un electorado más activo y aumentar las posibilidades de aprobar una reforma constitucional en este sector, el Congreso podría impulsar un acuerdo para ajustar el texto de la iniciativa.
El borrador podría enriquecerse concediendo en aquellas áreas donde hay más costos que beneficios, incluida la limitación de la competencia (estableciendo un tope a la participación en el mercado), eliminando la práctica regulatoria común (eliminando a los reguladores) y restringiendo la actividad económica (cobrando a CFE para liderar la transición energética, y catalogar la explotación de todos los minerales críticos para la transición energética, incluido el litio, como actividad exclusiva del Estado).[3]
Además, enfocarse en la premisa principal donde la iniciativa pretende fortalecer a CFE, al sacar a la empresa de la competencia, efectivamente debilita a la empresa eléctrica nacional ya que se eliminarían los incentivos para mejorar, dado que su participación en el mercado eléctrico sería reducida. Además, la posición financiera y las limitaciones fiscales de CFE dificultan su capacidad para aprovechar otras oportunidades. Por lo tanto, una opción para impulsar nuestra empresa productiva estatal sería democratizarla, abrir la posibilidad a los ciudadanos mexicanos de ser propietarios directos de una parte de la empresa e inyectar una nueva dosis de financiamiento para apoyar los objetivos de CFE.
La democratización de la CFE requeriría que la administración estuviera conformada por un grupo de trabajo conformado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Contraloría, y preparar el prospecto de Oferta Nacional Inicial (INO) por el cual hasta el 49 por ciento de la empresa podría estar abierto a la inversión de personas y empresas mexicanas.
La junta directiva de CFE se mejoraría al incorporar representantes de los accionistas minoritarios con un mandato claro para acelerar el cambio hacia la transición energética, mientras que el gobierno podría retener la presidencia y los tres puestos ocupados existentes (hay dos puestos vacantes). [4]
El poder de tal alternativa radica en dos hechos que incrementarían la competitividad de CFE.
En primer lugar, aumentaría y diversificaría las fuentes de financiamiento de las que dispone la empresa, ya que hoy se encuentra restringida por los límites fijados por el presupuesto público. El INO abrirá la posibilidad a todos los mexicanos interesados de participar activamente brindando financiamiento e incluso de tomar un rol más activo para ayudar a encaminar a la empresa a liderar la transición energética.
En segundo lugar, al traer un grupo diverso de miembros independientes a la junta con un interés y un mandato para mejorar la competitividad de la empresa en su camino hacia la transición energética, habría una alineación de incentivos para guiar a la organización a liderar esos esfuerzos.
Además, sería necesario aumentar la transparencia sobre las prioridades establecidas por los nuevos miembros de la junta y los accionistas, lo que requeriría fortalecer las capacidades de información de la empresa, incluidos los indicadores de desempeño ambiental, social y de gobernanza. Los nuevos informes ayudarían a medir a la compañía frente a sus competidores y actuar en consecuencia para mejorar su posición en el mercado, a la vez que se acercarían a la población y consolidan su liderazgo y acción en su camino hacia la sustentabilidad.
Por lo tanto, si queremos fortalecer a la CFE, el gobierno debe democratizarla para asegurar que cuente con los instrumentos necesarios para liderar la transición energética.
Texto publicado en su versión en inglés en Mexico Business News
Textos y entrevistas de Leonardo Beltrán publicadas en Pv magazine Mexico.
[1] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/dic/20211215-A.pdf [2] https://www.diputados.gob.mx/parlamentoreformaelectrica/foros.html [3] (2022). Recuperado el 8 de marzo de 2022, de http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/oct/20211001-I.pdf#page=2 [4] https://www.cfe.mx/consejo/Pages/default.aspxThe views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.
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