“En 2020, CFE Generación aportó 40 Tera-Watt-hora vía hidroeléctricas, geotérmicas y la nucleoeléctrica Laguna Verde, el 20% de la generación total de CFE”

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Víctor Rodríguez Padilla. Investigador UNAM. Foto: Facultad de Ingeniería

Foto: Facultad de Ingeniería

En la segunda entrega editorial que hicimos de las reflexiones que nos comparte Víctor Rodríguez, el investigador de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México abordó el tema económico que impregna la Ley de la Industria Eléctrica, un asunto analizado desde diferentes áreas de la industria.

En esta tercera entrega editorial iniciamos preguntando sobre el tema del despacho de la energía; sin duda, punto neurálgico de la LIE, hoy en suspenso y asunto que convocó de manera inmediata a todos los actores del sector a definir posiciones de acuerdo con sus intereses de índole económico.

Iniciamos directo con las opiniones del Dr. Rodríguez Padilla:

Víctor Rodríguez: El gobierno identifica al despacho como un mecanismo inadaptado por no tomar en cuenta los costos totales de generación sino únicamente los costos marginales, constituidos esencialmente por el costo de los combustibles utilizados. Con ese criterio el Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace, despacha centrales privadas menos eficientes que las centrales públicas.

Diseño del Dr Rodríguez Padilla

El costo total unitario de generación es el costo real de la presencia de cada central en el sistema y está constituido por los costos fijos y variables. Aparentemente las centrales eólicas y solares son muy económicas por sus bajos costos variables; sin embargo, no lo son considerando los costos que acarrean para la red eléctrica.

Pv magazine: Víctor, nos puedes comentar sobre lo que se conoció en su momento como el porteo estampilla.

Víctor Rodríguez: Si, claro. Los anteriores gobiernos obligaron a la CFE a subsidiar el porteo estampilla para incentivar la construcción de centrales privadas operadas con fuentes renovables. También la obligaron a subsidiar el respaldo que necesitan los autoabastecedores y los comercializadores. Este servicio es particularmente importante para las centrales solares y los parques eólicos que sólo funcionan cuando hay sol y viento. Hoy, CFE respalda 13 mil MW, equivalente a 27 por ciento de la demanda.

Pero este tema va ‘empatado’ con otro igual de relevante.

El uso de la red eléctrica también se subsidia. Una vez conectado a la red, los privados se desentienden no sin antes exigir que la electricidad llegue en las mejores condiciones. Por mandato constitucional la CFE debe realizar inversiones para adecuar la red al crecimiento y variaciones de la oferta y la demanda, tarea nada sencilla cuando masivamente se incorpora generación variable e intermitente. Los privados no están pagando lo suficiente en la transición de la red eléctrica.

Foto archivo CFE

En total, los subsidios otorgados por diseño regulatorio ascienden a 249 mil 606 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento se debe a los ingresos no percibidos por CFE Suministro Básico por falta de despacho, esto de acuerdo con datos de la propia Comisión Federal de Electricidad dados a conocer ya durante el 2021.

En la sentencia de la Controversia Constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que los generadores eléctricos intermitentes cubran el costo asociado al incremento de los requisitos de servicios conexos necesarios para garantizar la confiabilidad en la operación del sistema eléctrico nacional.

Pv magazine: Una de las primeras grandes situaciones que “electrifico y tenso” el ambiente, fue la decisión de la Sener y los Certificados de Energía Limpia al inicio del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Víctor Rodriguez: La ley discrimina a las centrales limpias de la CFE al negarles el derecho a recibir certificados de energía limpia, por el simple hecho de haber sido construidas antes de la Reforma Energética. La segregación se hace aún más evidente a la vista de la disposición legal que les permite a los productores independientes recibir dichos certificados.

El año pasado las subsidiarias de generación de la CFE produjeron 40 Tera-Watt-hora con plantas hidroeléctricas, geotérmicas y la central nuclear de Laguna Verde, cifra que representa el 20 por ciento de la generación total de la CFE. Sin embargo, como la normatividad no le reconoce la energía limpia que genera y al mismo tiempo le exige a CFE-SSB cumplir con el requisito de energía limpia, la empresa pública se ve obligada a recurrir a los privados para comprar los certificados.

Pv magazine: Escucho y leo mucho la frase ‘A la CFE se le obliga’ en relación a varios temas. En que otro asunto más aparece este argumento.

Víctor Rodriguez: En varios y aquí va uno más. Hacia finales del siglo XX cobró vida la política de obligar a la CFE a celebrar contratos con productores independiente pretextando la carencia de fondos públicos. Las centrales de ciclo combinado operadas con gas natural por productores independientes fueron consideradas en aquel entonces, la opción más económica para ampliar el parque de generación. Hoy se revelan como un pesado lastre para la empresa pública. En 14 de 27 contratos se establecen pagos crecientes y onerosos. CFE paga la capacidad de generación disponible, la paridad peso-dólar, la inflación, los subsidios y la falta de ingresos cuando dichas centrales no son despachadas. La importancia del daño (412 mil 410 mdp) justifica desde la perspectiva oficial un proceso de revisión para renegociar o cancelar aquello que están causando la mayor afectación.

Representantes del empresariado y algunos analistas desde los medios de comunicación desestiman la problemática planteada por el gobierno calificándola de mitos alrededor de la generación privada de electricidad, al tiempo que rechazan las soluciones propuestas por las autoridades, especialmente la iniciativa de reforma propuesta por la presidencia.

Foto archivo CFE

Pv magazine: Al margen de que desees añadir mas datos sobre estos puntos, ¿Qué hay entorno al tema social vinculado con presupuestos, subsidios?

Víctor Rodriguez: Es otra arista enorme de este mundo de la industria indisoluble a la política pública en materia de presupuestos.

Los subsidios no retribuidos a la CFE, el robo de electricidad y la cartera vencida disminuyen los ingresos que podrían dedicarse a financiar la Transición Energética, mientras que la resistencia social a los proyectos de infraestructura eléctrica frena la penetración de las energías alternativas.

En la fiscalización de la cuenta pública 2018, realizada un año más tarde por la Auditoria Superior de la Federación, identificó un subsidio en las tarifas domésticas y agrícolas de 136 mil 634 millones de pesos, el cual representó el 43.3 por ciento del gasto federal ejercido en educación pública, el 110.6 por ciento del gasto en salud y el 135.7 por ciento del gasto en desarrollo social.

De dicho subsidio CFE recibió una transferencia gubernamental de sólo 81 mil 405 millones de pesos, faltaron 55 mil mdp que impactaron las finanzas de la empresa pública. La ASF indicó que la política de subsidios al suministro básico repercutió en todas las empresas subsidiarias porque durante la pasada administración la Secretaría de Energía y CFE Corporativo establecieron mecanismos para implementar subsidios cruzados a partir de los cuales las subsidiarias de generación, transmisión y distribución financiaron el suministro básico. La Reforma Energética inscribió en la legislación el mandato de creación de valor y rentabilidad para el Estado mexicano, mandato legal que ninguna subsidiaria cumplió y menos CFE-SSB cuyo patrimonio negativo se hundió hasta 63 mil 641 millones de pesos.

La política de estancamiento de las tarifas eléctrica durante el gobierno del Presidente Peña Nieto se implementó para que lucieran como un logro de la Reforma Energética.

La presente administración ha continuado a esa política argumentando la situación de pobreza y marginación en el país, pero sin haber remplazado el mandato legal de creación de valor y rentabilidad para el Estado mexicano por uno de corte social.

La política de precios subsidiados para ciertas categorías de usuarios traduce mayor importancia a los objetivos políticos y sociales que a los objetivos ambientales, incluso económicos porque el gobierno ha continuado con la política de no resarcirle a la CFE la integralidad del subsidio que el Estado le otorga a los usuarios de bajos ingresos. Por otra parte, los subsidios a la electricidad para bombeo agrícola son contrarios a la transición ecológica con equidad porque favorecen la sobreexplotación de los acuíferos y son acaparados por las grandes empresas agrícolas.

De acuerdo con la ASF la pasada administración hizo muy poco para recuperar y contener el crecimiento de la cartera vencida (47 mil 583 mdp en 2018), afectada por la “cultura del no pago”, fenómeno que no atendió con el vigor y la prestancia requerida. La presente administración ha actuado de manera contradictoria: por un lado, la CFE ha puesto en marcha un ambicioso programa de reducción del robo y las pérdidas técnicas, pero el gobierno al más alto nivel determinó condonar las deudas de los clientes de la CFE en el sureste del país, principalmente Tabasco, por haber sido una promesa de campaña. Otra tarea pendiente ha sido acabar con el robo electricidad, la sustracción ilegal de fluido eléctrico le costó a la CFE la ‘friolera’ de 25 mil 700 mdp en 2018, y una cifra equivalente en 2019. El 52 por ciento del robo estuvo asociado a la delincuencia organizada, la resistencia civil y los asentamientos irregulares, en ese orden.

Ahora, desde el mismo renglón de lo social, pero desde otro vértice.

La Transición Energética tiene en la resistencia civil un obstáculo mayor a largo plazo. Aunque la electricidad es un bien fundamental para el progreso económico y social, cada vez es más difícil construir centrales eléctricas por la oposición de las comunidades. En los albores del milenio comenzaron a desarrollarse proyectos eólicos en ausencia de equidad y no pocas veces violentando Derechos Humanos, sobre todo en áreas indígenas.

Diversas asociaciones y organismos (CEMDA, 2018) han documentado despojo de tierra y territorio e incluso, desplazamiento forzado, desarrollo de proyectos sin el consentimiento de la población local, abusos y engaños, agresiones y desgarramiento de comunidades, violencia y criminalización de la protesta social, con uso de la fuerza pública para reprimir la oposición a los proyectos. También se han documentado ataques, amenazas, hostigamientos, criminalización y hasta asesinato de defensores de la tierra, la naturaleza y la cultura, así como de periodistas que difunden los atropellos.

La rumorosa 2015. Baja California. Fuente Zeta Tijuana.com

Muchos de los proyectos de energías renovables han causado impactos ambientales, entre otros, pérdida de aves, deforestación, alteración al ciclo hidrológico local, sin que éstos sean evaluados de manera eficaz, especialmente cuando se trata de impactos acumulados. También se ha observado falta de acceso a información completa, fidedigna, oportuna y culturalmente adecuada sobre el proyecto y sus posibles impactos económicos, sociales, ambientales y culturales en las comunidades y el medio ambiente, así como falta de consulta libre, previa e informada y consentimiento para los pueblos y comunidades que no sean indígenas.

Y no pocas veces la información para evaluar el impacto ambiental y social de los proyectos es proporcionada por las empresas desarrolladoras. No extraña entonces que sólo se reporte lo positivo. En general, los proyectos carecen de planes integrales de desarrollo social y los beneficios no se ven reflejados en el desarrollo local, en ocasiones ni siquiera en el acceso a la energía generada. La Reforma Energética del 2013, exacerbó el conflicto por las disposiciones en materia de ocupación temporal y servidumbre legal: supuso que las comunidades, ejidos, pueblos indígenas y pequeños propietarios tienen el mismo poder de negociación que las empresas, lo cual es un despropósito a la vista de las enormes asimetrías entre las partes. El desarrollo de los proyectos pasando por encima de las comunidades y sin reparo de los daños ambientales es contrario a una Transición Energética sostenible y equitativa.

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