México y la Agencia Internacional de la Energía

Hoy una nueva colaboración editorial de Fluvio Ruíz Alarcón, un estudioso agudo y puntual del mundo de la energía en nuestro país con énfasis en el sector hidrocarburos, área en la cual se desempeñó como asesor de Petróleos Mexicanos y hoy dedicado al análisis del panorama petrolero internacional en el marco de la Transición Energética que vivimos en todo el mundo.

El pasado mes de febrero, pv magazine México publicó una larga entrevista con Fluvio en la que nos ofreció su punto de vista además del sector hidrocarburos también sobre el mundo de las Energías Renovables y su visión de este subsector energético para el inmediato y corto plazo en nuestro país.

Aquí el nuevo texto que Fluvio Ruiz sugiere a los lectores del mundo de la energía en México.

Una de las consecuencias indirectas de la reforma energética impulsada por la administración anterior, fue el ingreso de México a la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esta decisión fue tomada exclusivamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin siquiera consultar oportunamente con el Senado, las implicaciones geopolíticas de la misma. Esto evidenció uno de los rasgos del marco jurídico derivado de la Reforma Energética: la total ausencia de consideraciones en materia de geopolítica y seguridad nacional. Convencidos de que el petróleo es una mercancía como cualquier otra, los impulsores de la reforma plasmaron en ella, una visión ahistórica e idealizada del mercado petrolero internacional.

Algunos elementos de la reforma dan cuenta de esta visión.

En el caso de los contratos de producción compartida, el crudo producido por los operadores y que le corresponda al Estado en virtud del reparto acordado, se otorga al mejor postor para su comercialización, a través de licitaciones públicas, en lugar de que fuera entregado directamente a PMI para asegurar el alineamiento de los intereses públicos.

Al momento de escribir estas líneas, la CNH ha decidido adelantar el término del contrato que para ese fin la había otorgado en 2017 a Trafigura y asignarlo directamente a PMI. Se trata sin duda, de un paso en la dirección correcta que ojalá se complemente con la reforma legal correspondiente para que este sea el procedimiento establecido.

Otro aspecto del marco jurídico derivado de la reforma que llama la atención es la preocupación de índole meramente informativa sobre los eventuales yacimientos transfronterizos. De constatarse la existencia de un yacimiento transfronterizo, si bien Pemex deberá participar con al menos el veinte por ciento del proyecto, no hay ninguna obligación de que sea el operador del mismo. Tampoco se contempla ninguna disposición para que la producción nacional de petróleo, pública o privada, tenga como destino primordial, satisfacer las necesidades de la demanda interna, tal y como, por ejemplo, se hizo durante décadas en Estados Unidos.

Volviendo al tema de la AIE, resulta difícil de comprender cuales fueron los objetivos centrales o el significado geopolítico de que México formara parte de la Agencia. Este organismo fue creado por la OCDE a raíz del “shock” petrolero de 1973, cuando el precio del crudo se cuadruplicó en unas semanas. Es decir, surgió para contrarrestar el poder de mercado de los países exportadores de petróleo, particularmente los agrupados en la OPEP.

En este sentido, vale la pena recordar que, a inicios del Siglo XX, las grandes potencias reemplazaron el carbón por derivados del petróleo, como combustibles para sus armadas, convirtiendo así al hidrocarburo en una materia prima estratégica para su seguridad nacional. Controlar las fuentes y modalidades del comercio petrolero internacional, se volvió desde entonces, un elemento central de sus intereses geopolíticos. La noción misma de seguridad energética, está asociada a este origen militar.

La creación de la Agencia Internacional de la Energía, partió al mercado petrolero mundial en dos bloques, con intereses económicos y políticos irreconciliables: el de los importadores netos, agrupados en la Agencia y el de los exportadores, reunidos en la OPEP. Los miembros de la AIE formalizaron acuerdos para liberalizar las políticas energéticas y petroleras, impulsando la privatización de las empresas públicas petroleras y eliminando toda restricción al comercio de energéticos.

Evidentemente, esta orientación va en sentido contrario a la política energética y petrolera del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, desde la plataforma electoral de la coalición “Juntos haremos historia”, se plasmó como el décimo eje estratégico en materia petrolera “recuperar las nociones e instrumentos de geopolítica y seguridad nacional en el sector petrolero”; siendo el primer punto para conseguirlo, el de “evaluar la participación de México en la Agencia Internacional de la Energía, creada para defender los intereses de los países industrializados frente a los productores de petróleo.”

De manera que la permanencia de México en la Agencia, despierta algunas preguntas:

¿Cuáles son las razones y el sentido de que México siga siendo miembro de este organismo, surgido para contrarrestar el poder de la OPEP y garantizarle a los países desarrollados el abasto de petróleo a bajos precios?

¿Se está realizando la evaluación planteada en la plataforma electoral del gobierno?

¿Cuáles son los elementos que se están considerando en esta evaluación?

¿Existe algún plazo para obtener las conclusiones de la misma y tomar las decisiones políticas pertinentes?

¿Se involucrará al Senado de la República en algún momento de este proceso?

Tras las dificultades de México para integrarse al acuerdo de abril ¿No será necesario explorar la posibilidad de un mayor acercamiento y mejor coordinación con la OPEP?