La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la firma de las llamadas leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética busca transformar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eliminar su condición de empresas productivas del Estado para pasar a ser empresas públicas.
Como parte de esta reforma, la CFE recibirá una inversión de 24,300 millones de dólares para fortalecer su infraestructura y mantendrá una participación del 54% en la generación eléctrica nacional. Se introduce el concepto de justicia energética, con el objetivo de reducir desigualdades en el acceso a la electricidad y reforzar el papel del Estado en el sector.
En el caso de Pemex, se priorizará su participación en la asignación y explotación de recursos, con un enfoque en el rescate de la industria petroquímica y de fertilizantes. La reforma establece un nuevo régimen fiscal para mejorar su rentabilidad y prevé una mayor inversión en tecnologías avanzadas para exploración y producción. Además, Pemex asumirá mayor control sobre los permisos en el sector de hidrocarburos.
Uno de los cambios más significativos es la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), un nuevo órgano regulador adscrito a la Secretaría de Energía (Sener), que reemplazará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La CNE tendrá independencia técnica y operativa, con funciones clave como otorgar permisos de generación y distribución de electricidad, regular tarifas y supervisar el mercado energético.
Según Luz Elena González, titular de la Sener, la reforma energética busca fortalecer la soberanía del país, beneficiar a los ciudadanos y respaldar a los sectores productivos. También se impulsará la transición hacia energías más limpias y la autosuficiencia en combustibles, mientras se establecen nuevas reglas para la participación del sector privado en el desarrollo energético de México.
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