Se requiere una inversión de 600 mil millones de dólares en redes al año hasta 2030 para la transición energética, según la AIE

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su informe Electricity Grids and Secure Energy Transitions, dado a conocer este martes, asegura que «los esfuerzos para hacer frente al cambio climático y garantizar un suministro fiable de electricidad podrían peligrar si los responsables políticos y las empresas no toman rápidamente medidas para mejorar y ampliar las redes eléctricas mundiales». Los autores del informe añaden: «la inversión en redes no sigue el ritmo del rápido crecimiento de tecnologías clave de energías limpias como la solar, la eólica, los coches eléctricos y las bombas de calor».

Al menos 3.000 GW de proyectos de energía renovable, de los cuales 1.500 GW están en fase avanzada, esperan en las colas de conexión a la red, lo que equivale a cinco veces la cantidad de capacidad solar fotovoltaica y eólica añadida en 2022. “No es de extrañar que se necesite una inversión considerable en infraestructuras de red para dar cabida a muchos de estos nuevos proyectos renovables”, explican desde la Agencia.

Esta estima que, para cumplir los objetivos climáticos nacionales, la inversión en redes debe casi duplicarse de aquí a 2030, hasta superar los 600.000 millones de dólares anuales, tras más de una década de estancamiento a nivel mundial, haciendo hincapié en la digitalización y modernización de las redes de distribución.

Para alcanzar todos los objetivos nacionales en materia de clima y energía será necesario añadir o sustituir 80 millones de kilómetros de líneas eléctricas de aquí a 2040 -una cantidad equivalente a toda la red mundial existente-, según el estudio.

La Agencia identifica varias acciones estratégicas para evitar los problemas, como ampliar y reforzar las interconexiones de las redes tanto nacionales como internacionales, para que los sistemas eléctricos sean más resistentes y puedan integrar mejor las crecientes cuotas de energía solar y eólica. El informe recomienda que los gobiernos respalden proyectos de transmisión a gran escala para garantizar que las redes estén preparadas, e insta a los promotores y operadores de redes a adoptar la digitalización para que las redes del futuro sean más resistentes y flexibles.

Para Europa, Estados Unidos, Chile y Japón, se afirma que las barreras más fuertes están relacionadas con la aceptación pública de nuevos proyectos y la necesidad de una reforma reguladora. «En estos países -dice el estudio-, los responsables políticos pueden acelerar el progreso de las redes mejorando la planificación, garantizando que las evaluaciones de riesgos reglamentarios permitan anticipar las inversiones y agilizando los procesos administrativos».

«La necesidad de actuar con decisión es urgente debido a los largos plazos de modernización y ampliación de las redes», dicen los autores del informe, pues se tarda habitualmente entre 5 y 15 años en planificar, autorizar y completar una nueva infraestructura de red, frente a los 1 a 5 años que se necesitan para nuevos proyectos de energías renovables y menos de 2 años para una nueva infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

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