‘Y todo inició en P. Blanco, Quintana Roo’

A lo largo de los años recientes, hemos abordado todos los ángulos posibles de la industria de la generación de energía eléctrica a través del factor fotovoltaico, se han expresado todas las voces que han aceptado nuestra invitación editorial y también aquéllas que de manera espontánea han mostrado su interés de compartir sus reflexiones en torno a esta muy joven industria en nuestra República Mexicana.

Sin embargo, pocos textos han sido expuestos en un esbozo claro y preciso sobre la historia de la energía eléctrica nacional en la cual esté considerada la fotovoltaica, tecnología que ya se merece, por derecho propio, un sitio en la crónica correspondiente.

Con el fin de aportar datos e ideas en esta crónica, Jait G. Castro, académico y empresario que ha encontrado su desarrollo profesional entre aulas universitarias, paneles fotovoltaicos y decenas de proyectos solares vía la Generación Distribuida nos comparte su visión de cómo el protagonismo de la fotovoltaica ya es indiscutible por múltiples y variadas razones.

Este es la primera entrega de un texto puntual y detallado de cómo la industria fotovoltaica inició en México, pero muy en particular, en la región de P. Blanco en Quintana Roo; estado en el que, por cierto, el crecimiento de contratos de interconexión y el número de MW’s instalados va en ascenso debido a la industria del turismo donde Morenergy, de la cual Jait G. Castro es director-fundador, y otras firmas han encontrado nuevas áreas de oportunidad.

Esta es la primera entrega de la ‘Historia del Abasto Aislado, la Generación Distribuida y la apertura del sector eléctrico en México’

Contrario a lo que se pudiera pensar el uso de la energía solar fotovoltaica ha estado presente en nuestro país desde antes de la Reforma Energética promulgada en 2013 en México.

Destacando que en México los primeros sistemas fotovoltaicos instalados datan de 1993 con un proyecto destinado a la electrificación de albergues escolares en la localidad de Otón P. Blanco, Quintana Roo.

Hablar del sector energético en México es referirse a varios estadios relevantes. En una primera etapa comprendida de finales del siglo pasado a 1910, la generación eléctrica era escasa y fundamentalmente en manos de particulares. En los años posteriores, entre 1910 a 1937 básicamente la industria eléctrica queda en manos de dos empresas extranjeras que brindaban cobertura del suministro eléctrico a apenas un 50 por ciento de la población, la Mexican Ligh and Power Company de Canadá y la American and Foreign Power Company de Estados Unidos.

En este último año, 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, buscando con ello establecer la presencia directa del Estado en una actividad que hasta entonces se encontraba a cargo de particulares. Su creación tenía el objetivo de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía y adecuarlo al desarrollo del país. Esta tendencia culminó en 1960, mediante la adquisición por parte del Estado, de las propiedades de las empresas American and Foreign Power y la compra del 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power Company. El proceso de compra de las compañías extranjeras finalizó con la nacionalización de la industria eléctrica en 1960.

Con la nacionalización del sector eléctrico se estableció constitucionalmente en los artículos 25, 27 y 28 el derecho exclusivo del Estado para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica para la prestación del servicio público. Particularmente en el 27 se estableció que “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”. En este sentido no se otorgarían concesiones a los particulares y la Nación aprovecharía los bienes y recursos naturales que fueren requeridos para dichos fines. Como consecuencia de la reforma constitucional de 1960 se expidió la Ley de Servicio Público de 1975 que derogó la Ley de la Industria Eléctrica de 1938. Hasta 1975, los preceptos señalados fueron seguidos por parte del Estado.

Paralelamente, el desarrollo, a nivel internacional, de algunas de las principales fuentes no convencionales de energía data de mediados de la década de los setenta.

El mayor impulso a su desenvolvimiento tecnológico tuvo lugar debido a la crisis petrolera de 1973, que generó incertidumbre por la escasez y agudizó la vulnerabilidad de algunos países que dependían fuertemente de los recursos petroleros del exterior.

En la Ley de 1975 se estableció por primera vez que el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer la demanda de algunos usuarios no era considerado como servicio público. Con esto se hizo posible la participación de la inversión privada en la generación de energía eléctrica, sujeta a un permiso previo y a condición de que fuera posible o inconveniente para la CFE proporcionar el suministro.

La LSPEE, publicada en 1975 y reformada por última vez en 1993 hasta antes de su erogación por la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica en 2013, establecía entonces el ordenamiento legal de las actividades del sector eléctrico. En el año 1992, con el objetivo de incentivar la participación de particulares en la expansión del sistema eléctrico, se modificó la LSPEE incorporando diferentes modalidades de participación privada en la generación de energía eléctrica: