Los acuerdos de la CRE bloquean a millones de mexicanos a tener acceso a la energía eléctrica en mejores condiciones tanto económicas como ambientales

Primero hay que analizar la legalidad de las decisiones recién tomadas, pues es un absurdo que la autoridad que tiene que velar por la ley y que se cumpla se convierta en el agente que la bloquea.

La Comisión Reguladora de Energía está traicionando los derechos humanos fundamentales a mejor calidad de vida, el orden jurídicos vigente, positivo, y los consejeros están traicionando el juramento que hicieron al asumir sus responsabilidades dentro del órgano regulador.

Con esta decisión, los consejeros se convierten en una autoridad impura e ilícita que no se justifica conforme al derecho natural, deberían ser sujetos a responsabilidades administrativas de funcionario público y sujetos de responsabilidad penal y también ser sujetos al pago por daños y perjuicios que causan por daño patrimonio del Estado.

Además, están violando en ciertos supuestos los tratados internacionales en materia de inversión extranjera, están queriendo de alguna manera aplicar retroactivamente la ley o hacerla letra muerta, están impidiendo mejores condiciones de vida para los mexicanos y también están apoyando a un ente que históricamente se ha desenvuelto en perjuicio de los ciudadanos por tener las tarifas eléctricas más altas a nivel mundial como es la Comisión Federal de Electricidad.

Con el veto de la Comisión Reguladora de Energía a los acuerdos ya autorizados se está provocando traición al pueblo de México, congelando la actual regulación para así mantener la generación y consumo de energías producto de tecnologías caducas y contaminantes a través de CFE y por ende en perjuicio del medio ambiente, de la salud de los mexicanos, de la Eficiencia Energética que es un principio y mandato de la ley de la materia y también responsabilidad internacional para evitar la generación de Gases de Efecto Invernadero, del incremento en los niveles de Cambio Climático, y de los tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado.

Por otro carril, los acuerdos tomados por los consejeros de la CRE bloquean y viola la sana competencia y el acceso libre a los mercados conforme a la ley de competencia económica y su fundamento constitucional.

Desde otra óptica, el acuerdo es también un tema de teórica política donde la independencia de la CRE es ya inexistente y está sujeto a un poder central, absurdo que deviene de la CFE y de más arriba.

Se rompe la independencia de poderes y de facultades, se resquebraja el sistema legal mexicano, y se impide avanzar tecnológicamente hacia fronteras verdes en nuestro querido país.

Con esta decisión de la Comisión Reguladora de Energía se dan varios pasos en retroceso: la dirección es llevarnos a la edad del fuego con carbón.

Desde la óptica regulatoria, la resolución junto con otras conocidas como es el famoso Acuerdo de eficiencia energética de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, se constituye como un bloque para impedir el libre desarrollo de parques solares y eólicos, el retraso y en el peor de los casos declarar, sin vida, nuevos proyectos de Energías Renovables por parte de la Comisión Reguladora de Energía y con ello, la propia CRE se gestiona su propia inexistencia como autoridad moral, así el protagonismo de la Secretaría de Energía imposibilita o por lo menos retrasan de forma sería, cualquier proyecto de generación fotovoltaica, elevando los costos y la viabilidad del organismo quedando en manos del impropio monopolio de CFE.

Con esta resolución no hay reglas claras “ni para prender ni para apagar la luz”, la única certidumbre es estar sujeto a la tiranía, dictadura e ilicitud de CFE.

La democratización de la energía eléctrica vía paneles solares que podrían llevar luz a los mexicanos de la Sierra Tarahumara o de la Selva Lacandona o los que habitan en las periferias de las ciudades o en los centros de las metrópolis mexicanas tendrán que esperar mejores tiempos y todo por la decisión de quien lleva las riendas en la Sener y la CFE, que parecen no entender que llevar energía eléctrica es un derecho humano, económico y social impostergable y sin contaminar.