América Latina apuesta por más democracia

Paseo de la Reforma

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La energía fotovoltaica en estos cinco países junto con Chile, está generando un crecimiento sorprendente y su ascenso coincide con nuevos gobiernos que asumieron el cargo durante el año que está por concluir.

Hoy, desde la perspectiva del despacho LLORENTE & CUENCA, una lectura puntual sobre cinco países latinoamericanos que vivieron procesos electorales para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Cinco procesos nacionales en regiones en las cuales el crecimiento de las energías renovables está despuntando de forma relevante con un especial acento en la tecnología fotovoltaica, información que hemos ofrecido para su consideración de forma puntual tanto en nuestro portal pv-magazine México como en nuestro sitio pv-magazine Latam.

Hoy agradecemos sinceramente al despacho de consultoría en Comunicación Política y Relaciones Públicas LLORENTE & CUENCA, y muy en particular a Claudio Vallejo, director de Latam Desk Europe, por ofrecer a los lectores de pv-magazine México una lectura diferente, pero complementaria para todos los interesados en nuestro portal: inversionistas, empresarios, sector público y todos aquellos inquietos por conocer temas de energía fotovoltaica en México y en nuestro mundo hispanoparlante.

Aquí el texto: “América Latina apuesta por más democracia” para una lectura reflexiva y de fin de semana, el último del 2018.

Claudio Vallejo, Director de Latam Desk Europe EN LLORENTE & CUENCA.

América Latina ha vivido un año político especialmente intenso. Las cinco elecciones presidenciales celebradas en la región han propiciado la llegada al Gobierno de líderes políticos de diferente signo, desde Jair Bolsonaro hasta Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de las circunstancias específicas en cada país, un mensaje ha quedado claro: América Latina no ha quedado al margen de las principales corrientes políticas del resto del planeta. Esto no es, necesariamente, una mala noticia, sino una muestra del proceso de convergencia e integración que se ha producido con el resto del mundo desarrollado.

En este documento, analizamos lo sucedido durante este año y ponemos la mirada en los principales retos a los que deberá hacer frente la región en 2019.

Hace un año por estas fechas, nos preguntábamos cómo iba a afrontar América Latina un ciclo electoral que en 2018 llevaría a celebrar cinco elecciones presidenciales trascendentales para la región. Costa Rica, Paraguay, Colombia, México y Brasil iban a elegir nuevos jefes de Estado en un clima global enrarecido. El auge de movimientos populistas y nacionalistas amenazaba un orden internacional al que América Latina se había incorporado tarde, pero en pie de igualdad y de forma decidida.

El America First de Trump, así como el éxito del Brexit y otros movimientos nostálgicos, parecían señalar una enmienda a la totalidad del multilateralismo con el que la región había conseguido cotas de prosperidad y erradicación de la pobreza sorprendentes e inimaginables apenas unos años atrás. Quedaba por saber cómo reaccionarían los electores latinoamericanos a esas circunstancias externas y si se inclinarían por alguna de ellas.

Las circunstancias eran distintas y específicas en cada país, pero existía la pregunta sobre cómo influirían estas dinámicas políticas globales. Doce meses después, queda claro el mensaje: América Latina no ha quedado al margen de las principales corrientes políticas del resto del mundo. Lo que no es necesariamente una mala noticia. Al fin y al cabo, los ecos políticos mundiales en la región muestran que política y económicamente ha habido un proceso de convergencia e integración con el resto del mundo desarrollado.

La primera elección presidencial fue la que en enero llevó al Gobierno en Costa Rica al exministro Carlos Alvarado Quesada. Un candidato continuista que, sin embargo, ha tenido muchas dificultades en sus primeros meses. A los crecientes problemas de seguridad y a la crisis fiscal que vive el país más estable y próspero de Centroamérica, se suma la difícil gestión migratoria producto de la crisis de Nicaragua. Un país vecino que se encuentra sumido en una crisis institucional y social sin precedentes desde la caída de Somoza en 1979.

La región centroamericana parece incapaz de salir del pozo de miseria y violencia en el que cayó tras el fin de los regímenes militares y las guerrillas. La desesperación de sus habitantes se manifiesta en movimientos como la caravana de inmigrantes que, partiendo de Honduras, se dirigió a pie hacia la frontera de Estados Unidos con México. Tampoco a esta dinámica de migración masiva –que en Europa hemos visto asociada a las guerras de Siria o Libia– ha escapado América Latina.

Costa Rica ha entrado en unos años decisivos en los que, o bien consolida su modelo y su excepcionalidad estable en Centroamérica, o bien termina por contagiarse de todos los problemas de sus vecinos. El presidente Alvarado necesitará suerte y ayuda, y su éxito dependerá en gran medida de lo que ocurra al norte, en El Salvador, Guatemala y Honduras, sumidos en la violencia, y al sur, en Nicaragua, inmersa en una crisis política e institucional cuyo final no se adivina. Aún pervive en la zona esa tradición caudillista que en su momento tan bien retrataron Miguel Ángel Asturias y Augusto Roa Bastos en novelas como El señor Presidente o Yo, el Supremo.

La otra cara de la moneda en la región la ofrece Paraguay. Un país históricamente pobre y políticamente inestable que, sin embargo, lleva varios años creciendo y atrayendo inversiones desde una posición discreta pero efectiva. En abril, Mario Abdo Benítez, del histórico Partido Colorado, ganó las elecciones, y el pasado mes de agosto tomó posesión. Heredó un país con buen desempeño económico y con importantes mejoras en los marcadores sociales. Su reto es mantener la dinámica, y para ello también dependerá de lo que suceda en sus países vecinos.

El éxito de la serie Narcos es indicativo de lo asociado que está Colombia con narcotráfico y violencia. Durante la década de 1990, el país estuvo cerca de ser un Estado fallido, carcomido por la violencia de los cárteles y las guerrillas. Es importante tener en mente estos hechos a la hora de valorar el extraordinario cambio que Colombia ha experimentado en menos de dos décadas. El narcotráfico sigue siendo un problema, pero ya no está dominado por grandes organizaciones con capacidad de doblar la mano al Estado. Y, gracias a un valiente proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos cerró sus dos mandatos poniendo fin a la guerrilla activa más antigua de América Latina, la de las FARC-EP, hoy reconvertidas en un partido político residual.

El salto económico también ha sido espectacular. Colombia era, junto con Haití, el país más desigual de América Latina, y sus gastos en la lucha contra las guerrillas y los cárteles les imposibilitaba centrarse en las grandes inversiones que el país necesitaba para vertebrarse. Un país con los accidentes geográficos de Colombia requiere de unas infraestructuras acordes a su potencial económico, y el salto inversor y previsor a este respecto ha sido considerable.

Iván Duque, el candidato afín al uribismo –muy crítico con los Acuerdos de Paz– ganó en junio la segunda vuelta contra el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. El presidente Duque se ha mostrado desde entonces más conciliador con su inmediato predecesor y su gestión en materia de paz. Su gran reto, además de consolidar y potenciar el crecimiento inclusivo de Colombia, será volver a unir a una sociedad profundamente dividida y polarizada tras el proceso de negociación y acuerdo con la guerrilla. No olvidemos que, en 2016, el 51 % de los colombianos votó No en un referéndum sobre los Acuerdos de Paz. Un rechazo que obligó a renegociar y clarificar algunos aspectos del documento alcanzado.

Cabe un último comentario respecto a Colombia. En la segunda vuelta volvió a ponerse de manifiesto la enorme dificultad que tienen en América Latina los políticos de izquierda –como Petro– para convencer a una mayoría. Las acusaciones que sus rivales les lanzan respecto al ideario chavista o populista de sus proyectos no es inocua en la región. La dramática realidad venezolana no es para ellos un espantajo con el que atizar miedos infundados. Ven día a día en sus calles la desesperación de un pueblo que huye de la miseria y de la violencia. Mientras esta conexión entre la izquierda regional y el chavismo no se rompa –y así lo perciban los ciudadanos–, será difícil que consigan ganar elecciones.

México ha sido una excepción ya que tiene una dinámica propia, más dependiente de Estados Unidos que de sus vecinos del sur. Algo que no va a cambiar con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder, o al menos así lo deja ver su agenda política de estas primeras semanas de mandato.

Sus objetivos están centrados en la política interna, en reducir la pobreza que afecta a más de 50 millones de mexicanos, y en acabar con una violencia generalizada y creciente por culpa del narcotráfico y sus batallas. López Obrador es consciente de que son esos problemas enquistados los que lo han llevado al poder, y en ellos se va a centrar. El presupuesto recientemente presentado así lo avala, y ha sido percibido como una señal de estabilidad y confianza hacia el sector privado.

Durante la campaña, el sector empresarial mexicano e internacional tenía muchas dudas sobre la gestión económica que llevaría a cabo AMLO en caso de ganar. Al fin y al cabo, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México llevaba años prometiendo la derogación de la reforma petrolera que en 2013 quitó el monopolio de explotación de los yacimientos a la nacional PEMEX y abrió el sector a la inversión privada. No parece que vaya a hacerlo, y se limitará a renegociar algunas cláusulas de los contratos de explotación ya firmados. Además, el presupuesto contempla un aumento del 18 % de su dotación en términos nominales, lo que parece indicar que el camino de AMLO será el de elevar la capacidad competitiva de la depauperada PEMEX en vez de prohibir la competencia.

Ha habido más polémica con la cancelación del proyecto del segundo aeropuerto, cuyas obras ya estaban avanzadas al 31 %. Los responsables económicos del Gobierno han trasladado mensajes de tranquilidad a los empresarios, que conceden margen a AMLO y a sus colaboradores. Pero la preocupación también reside en el método escogido para decidir la cancelación: una consulta nacional en la que participó apenas un 1 % del censo. Más allá de las consultas populares, Morena, el partido de AMLO, tiene la mayoría tanto en el Senado como en el Congreso.

El otro gran frente es la seguridad en un país con la criminalidad desbocada y peor que nunca. Destaca la rápida creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de dependencia castrense que da carta de naturaleza a la militarización de la seguridad y que ahora pone en duda la justicia mexicana. Esta materia y el desarrollo social serán los grandes indicadores del éxito o el fracaso de la gestión de AMLO, un político popular y populista que se hace cargo del país que el PRI le deja en herencia, sin que Peña Nieto haya cumplido las expectativas que despertó a su llegada al poder.

Donde sí funcionó el miedo al contagio populista fue en Brasil, un gigante económico y territorial que, junto a Argentina, Colombia y México forma la columna vertebral de América Latina. A la crisis económica, pronto se unió en Brasil una crisis política que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y posteriormente llegaron una crisis institucional y otra social. Los escándalos de corrupción relacionados con la estatal Petrobras soliviantaron a un país que hasta hacía pocos años era puesto como ejemplo para salir de la pobreza dentro de los márgenes políticos que el sistema de economía abierta y libre mercado concede. Hoy, quien fuera exponente de dicha gestión, el expresidente Lula da Silva, se encuentra en prisión acusado de corrupción, por lo que no pudo presentarse a unas elecciones que, según los sondeos, habría ganado.

Este contexto de depresión, polarización y delincuencia creciente es el que ha aprovechado el exmilitar Jair Bolsonaro para ganar las elecciones, tanto en primera como en segunda vuelta. Bolsonaro es un veterano de la política brasileña, pero ha conseguido aparecer ante el público como un outsider que no pertenece a la, en sus palabras, élite corrupta de Brasilia. Su discurso es, sin duda, extremo y alarmante, especialmente en lo que respecta a la legitimidad de sus rivales, las políticas de seguridad, los homosexuales y la igualdad entre hombres y mujeres. Desde su victoria se ha mostrado más comedido, y ha hecho aclaraciones respecto algunas de sus declaraciones. Ha llegado a especificar que el suyo será “un Gobierno constitucional”, algo que evidencia la escasa confianza en sus credenciales democráticas.

En economía, en cambio, se aleja del proteccionismo que defienden sus correligionarios del auge populista. El presidente chileno, Sebastián Piñera, elogió en Madrid hace pocos meses el programa económico de Bolsonaro, cuya receta pasa por cuadrar las cuentas públicas y fomentar la confianza económica para atraer inversiones. No cabe esperar demasiadas sorpresas en este frente en los próximos años. El gran reto de Bolsonaro estará en la paz social y en la convivencia cívica, y su personalidad no parece, a priori, la más adecuada para conseguirlas en un país profundamente dividido entre norte y sur, entre costa e interior, entre izquierda y derecha.

Ha sido un año intenso en todos los frentes, también en el político. Ha sido el año en que un presidente español ha celebrado un encuentro bilateral en Cuba después de 32 años. A los cambios producidos a través de procesos electorales se unen otros como los de Perú o Argentina. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dimitió para evitar un segundo juicio político que habría acabado con su destitución por un caso de corrupción cuando era ministro. Le sustituyó Martín Vizcarra, un político de perfil discreto y de consenso que ha conseguido consolidarse en el poder y sacar adelante importantes reformas. En parte, su legitimidad se basa en el total desprestigio de la clase judicial y política –a la que no se le asocia–, sumida en escándalos que tiene a casi todos los expresidentes vivos en la cárcel o procesados.

Especialmente intenso ha sido 2018 en Argentina. Apenas queda un año para las elecciones presidenciales en las que Mauricio Macri se juega la reelección, y la situación es ciertamente complicada. Pese a las promesas y las expectativas, Macri y su equipo no fueron capaces de controlar los desequilibrios macroeconómicos y financieros heredados, y en un dramático discurso, el presidente anunció la solicitud de un préstamo –después ampliado– al Fondo Monetario Internacional con el que sostener su economía. En la memoria reciente de Argentina aún está abierta la herida de la crisis de principios de siglo, en cuyo relato el FMI ocupa el papel de villano. Volver a echarse en sus brazos podía parecer una decisión impopular, y así era, pero no tanto como lo es la oposición, por lo que la ciudadanía recibió estos hechos con resignado alivio. Las opciones electorales de Macri para la reelección, pese a todo, son altas.

Corre por América Latina un lamento que funciona como agrio resumen del año político que dejamos atrás. Y es que lo que no consiguió unir Simón Bolívar, lo ha unificado la constructora brasileña Odebrecht y su red regional de sobornos. Ha hecho caer a presidentes y ministros, pero sobre todo ahondó la histórica desconfianza de los latinoamericanos respecto a sus instituciones. Y es que la institucionalidad sigue siendo uno de los grandes retos de América Latina.

Pese a todo, cabe extraer una conclusión positiva. Con la dramática excepción de Venezuela, América Latina ha realizado procesos electorales con normalidad y transparencia. La región ha sobrevivido a una crisis múltiple con las armas de una democracia que, tras este año electoral, se ha consolidado como el camino hacia el progreso de América Latina.

Este artículo ha sido redactado por el Equipo de Análisis de LLORENTE & CUENCA.

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