La economía mundial ha sufrido un cambio estructural hacia la regionalización de las cadenas de valor. Al mismo tiempo, el sector energético global experimenta grandes cambios que obedecen a cuestiones económicas, tecnológicas, geopolíticas y ambientales. México tiene el potencial de beneficiarse de estos cambios y utilizarlas para catalizar mayores niveles de desarrollo y bienestar para la población. Para alcanzar estas aspiraciones, México requiere una matriz energética suficiente y diversificada que pueda adaptarse a cambios abruptos en la oferta y demanda.
Por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el IMCO ha analizado la evolución del sector energético en nuestro país desde un enfoque de competitividad, sostenibilidad y responsabilidad fiscal. En este sentido, el IMCO plantea una agenda de política pública para los tres subsectores centrales de la energía: petróleo, gas y electricidad.
La ruta propuesta parte de entender el rol del petróleo, y especialmente de la renta petrolera, en la transición energética, del gas natural como combustible de transición –más eficiente, asequible y limpio que sus demás contrapartes fósiles–, y de las necesidades de expansión y modernización de las redes eléctricas, así como de la expansión de la capacidad de generación eléctrica con la menor huella de carbono posible.
En el terreno de las energías renovables el IMCO establece
Energías renovables
• Priorizar las inversiones en áreas de negocio donde la CFE genera utilidades. En lugar de invertir recursos en la construcción de nuevas centrales de generación, la CFE debe reorientar su presupuesto para fortalecer áreas de negocio en las que es rentable y que le corresponden de forma exclusiva
• Aprovechar los mecanismos de financiamiento de inversión disponibles
Aunque la transmisión y distribución de electricidad están catalogadas como actividades exclusivas del Estado, la LIE faculta a la CFE para celebrar asociaciones o contratos con particulares para llevar a cabo el financiamiento, instalación, mantenimiento u operación de infraestructura de transmisión y distribución por cuenta y orden de la propia empresa. La CFE debe aprovechar los distintos mecanismos (p. ej. APP y la Fibra E) que permiten la participación del sector privado en la inversión y operación de infraestructura a cabalidad para garantizar la expansión y modernización de las redes eléctricas al ritmo que se requiere en el país.
La energía es un asunto de bienestar, de desarrollo y competitividad, de seguridad nacional y de medio ambiente. La próxima administración tendrá que utilizar todos los mecanismos legalmente a su disposición para invertir de forma acelerada en infraestructura energética que garantice el acceso a energía confiable, con la menor huella de carbono posible y a precios competitivos. Ello requerirá de inversión pública y privada en todos los eslabones de las cadenas, tanto de hidrocarburos como de electricidad, sin menoscabar las finanzas públicas.
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