Valdría la pena aprovechar la discusión en torno a esta iniciativa presidencial, para dar un debate integral en torno al papel del Estado en un nuevo diseño y dinámica institucional del sector eléctrico. Es necesario discernir las formas en las que el Estado debe planificar e impulsar el crecimiento del sector eléctrico, mejorando la eficiencia en los procesos de generación, propiciando mayor racionalidad en el patrón de consumo, substituyendo los combustibles menos eficientes y más contaminantes e incrementando la presencia de las fuentes renovables de energía, cuyo desarrollo la legislación vigente hace descansar fundamentalmente en el mercado.
Como lo señalara el destacado profesor universitario, José Antonio Rojas Nieto en un artículo reciente, se deberían discutir: “los esquemas de organización industrial y social requeridos, así como las bases regulatorias, jurídicas y constitucionales más adecuadas”. También, anota, reivindicar un servicio público de electricidad seguro, confiable, de calidad y limpio, socializando equitativamente los costos de la electrificación creciente y con mayor incorporación de Energías Renovables, en función de su intermitencia y variabilidad. Así podría asumirse colectivamente tanto el despliegue del respaldo óptimo necesario, como la configuración y fortaleza de las redes de transmisión y distribución.
Un debate de esta naturaleza, necesariamente debería incluir la revisión de los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, así como de toda la legislación secundaria en materia eléctrica; puesto que el fortalecimiento de la CFE requiere también de adecuar su régimen fiscal, interacción con otros actores del sector, organización corporativa y objetivos estratégicos para la Transición Energética.
De lograrse construir una arquitectura sectorial que concite el apoyo político y social suficiente, como para reformar la Constitución y la legislación secundaria, esta tendría aún que sortear el altísimo muro de los tratados comerciales firmados por México.
En el caso del T-MEC, el capítulo octavo reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de México sobre sus hidrocarburos, así como: “su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”. Sin embargo, esta potestad se encuentra acotada en el capítulo 32: el artículo 32.11 señala que con “respecto a las obligaciones en el Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados), México se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con respecto a un sector o subsector para el cual México no haya tomado una reserva específica en sus Listas a los Anexos I, II y IV de este Tratado, solo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado, antes de la entrada en vigor de este Tratado, incluido el Acuerdo sobre la OMC, sin importar si esos otros tratados han entrado en vigor”.
Las medidas menos restrictivas a las que se refiere el capítulo 32, serían las negociadas por México en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), cristalizando el marco regulatorio del sector energético y protegiendo inversiones extranjeras. También estarían contenidas en forma aún más explícita, en el tratado que esta administración renegoció con la Unión Europea y que está en vías de ser aprobado.
¿Significa todo esto que a México no le queda más remedio que denunciar los principales tratados que ha firmado o resignarse a manejar su sector energético dentro de los estrechos límites que ellos le permiten? Yo estoy convencido que no. La alternativa está en diseñar una nueva arquitectura institucional, forjada colectivamente y con la legitimidad social que daría un debate amplio, franco, informado e incluyente, con el objeto de hacer los cambios constitucionales y legislativos necesarios para darle estabilidad, soporte social y coherencia de conjunto a la política energética. Nuestro país no quedaría exento de controversias legales ni de demandas económicas. Sin embargo, en el largo plazo, los beneficios para la Nación y nuestra sociedad, por mucho, valdrían la pena. Como, sin duda, valieron la pena la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica.
Al final de cuentas, como dijera Salvador Allende: “La Historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
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