La misión de American Chamber/México es promover un mayor intercambio comercial entre México y Estados Unidos, a partir de una visión compartida de competitividad y desarrollo regional.
Al igual que cualquier relación de negocios, la de México con nuestro principal socio comercial exige confianza, y la primera condición para que haya confianza en la inversión es que existan reglas claras que se respeten.
En este sentido, compartimos con la sociedad civil, la academia, empresarios, organismos empresariales y representaciones internacionales la preocupación por el acuerdo que establece la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el pasado viernes 15 de mayo por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación.
Este acuerdo, no sólo se contrapone a las necesidades de la población y a las oportunidades de desarrollo del sector energético mexicano, sino que además fue publicado incumpliendo el tiempo de consulta pública que establece la normatividad, vulnerando valores fundamentales que AmCham representa: Estado de Derecho, legalidad, libre comercio, libre competencia y responsabilidad social.
Dicho acuerdo tendría un impacto negativo para México porque:
1. Favorecer a las empresas del Estado a través de políticas que limitan la libre concurrencia de otros participantes en el mercado o levantan barreras discriminatorias, le resta independencia a los Órganos Reguladores del Sector Energético y al operador del sistema eléctrico, atentando contra la libre competencia.
2. La falta de fundamentación, motivación y transparencia en las decisiones y en el manejo de la política energética nacional, incluidas las condiciones de incumplimiento en las que fue publicado el acuerdo, van en contra de la legalidad.
3. Los principales afectados serán los consumidores mexicanos, ya que las tarifas no obedecerán a fuerzas del mercado, limitando a los ciudadanos el acceso a tarifas competitivas, lo que afectará la capacidad de retener y atraer nuevos proyectos productivos.
4. Discriminar en contra de las energías limpias atenta contra la sustentabilidad y el medio ambiente, lo cual es una falta de responsabilidad social por parte de las autoridades.
Además, el rechazo, retraso y revocación injustificada de diversos permisos a las actividades reguladas en el sector energético, violenta el Estado de Derecho y se traduce en incertidumbre jurídica, lo cual inhibe la inversión privada y daña inversiones ya existentes.
Estamos a días de la entrada en vigor el T-MEC, un acuerdo comercial que representa para México la oportunidad de atraer nuevas inversiones, generar empleos formales, desarrollar talento local e invertir en sectores estratégicos que hemos visto que pueden cambiar la realidad de comunidades enteras.
Para que esto sea viable, es fundamental que las decisiones oficiales sean consistentes con éste y otros tratados internacionales además de las leyes nacionales vigentes, que amparan los derechos de empresas y consumidores, por lo que solicitamos al Gobierno de México rectificar la citada Política y demás acciones que vulneran al sector energético.
Sólo si trabajamos juntos podremos lograr que la industria energética sea un detonador del desarrollo nacional.
Si México quiere consolidarse como un socio estratégico, confiable, y atractivo para la inversión, debemos ser consistentes en el respeto al Estado de Derecho, la legalidad y la libre competencia como elementos indispensables para competir en la economía mundial.
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