En días recientes, la Secretaría de Energía efectuó una serie de modificaciones a los lineamientos para el otorgamiento de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s) que contravienen los principios fundamentales para la protección a las inversiones en México, fundamentos que están amparados no sólo dentro del marco jurídico nacional, sino también en tratados internacionales.
Estas modificaciones implican un cambio sustancial en el marco regulatorio del sector eléctrico que afectan gravemente al Estado de Derecho del país, impactando directamente a los proyectos en marcha, tanto en operación como en construcción en el sector.
En este sentido, esta decisión pone en riesgo el principal mecanismo que incentiva las inversiones en energías renovables en el país y sienta un precedente negativo respecto a la confianza de los inversionistas. Es así que desvirtúa el único mecanismo contemplado por las leyes mexicanas para fomentar la transición energética sustentable en el país, y así cumplir la meta nacional obligatoria de adopción de un 35 por ciento de energía limpia hacia 2024, objetivo que también se encontraba alineado a los compromisos adquiridos en la COP 21.
Vale la pena señalar que desde la publicación del anteproyecto más de 60 empresas, asociaciones industriales y organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) abrir un procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio que permitiera la discusión y participación de la sociedad en un tema de suma importancia para el futuro económico y ambiental de nuestro país.
Cabe destacar que el sector de las energías limpias conlleva importantes inversiones; tan solo la energía solar ha representado una inversión de más de ocho mil 500 millones de dólares y la generación de más de 60 mil empleos en toda la cadena de valor. En este sentido, confiamos en que el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica prevalecerán en beneficio de millones de mexicanos en todo el país.
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