Una coalición de 28 organizaciones, entre ellas importantes organizaciones sin fines de lucro estadounidenses y puertorriqueñas, y empresas de energía solar y baterías, presentaron un escrito ante un tribunal federal para oponerse al cambio de la política de medición neta de Puerto Rico.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (FOMB) lanzó un ataque legal contra la Ley 10, una ley que amplía el programa de medición neta de Puerto Rico hasta 2030. La coalición argumenta en su escrito de Amicus que la política se promulgó legalmente y que, si se cambiara, amenazaría el progreso de la isla en energía solar y resiliencia.
Puerto Rico ha aumentado su generación renovable al 12% desde el 4% de hace tres años, dijo PJ Wilson, presidente de la Asociación Solar y de Almacenamiento de Energía de Puerto Rico (SESA-PR), y podría alcanzar entre el 18% y el 20% el próximo año, en comparación con el objetivo del 40% establecido por la ley de Puerto Rico. Según Chris Collins, fundador de Ohm Analytics, el territorio representará el 10% de todo el mercado estadounidense de energía solar residencial en 2028.
Para el futuro éxito de Puerto Rico con la energía solar residencial es fundamental la ley de medición neta, Ley 10-2024, que amplió la política de medición neta del territorio para la energía solar hasta 2031. La Ley 10, promulgada en enero, fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico y no contó con la oposición del regulador de la isla. La coalición sostiene que la ley se promulgó legalmente.
La medición neta, creada originalmente por ley en Puerto Rico en 2007, ha sido un salvavidas para las comunidades afectadas por años de continuos apagones.
«El 10% de las casas de Puerto Rico tienen ahora energía solar con batería de respaldo gracias a la política de medición neta», explicó PJ Wilson, director ejecutivo de la Asociación Solar y de Almacenamiento de Energía de Puerto Rico (SESA). «Estamos luchando para que el otro 90% también pueda hacerlo».
El FOMB indicó en una carta que el plan fiscal que certificó para la AEE requiere que la Oficina de Energía de Puerto Rico determine si debe hacer cambios al sistema de medición neta. Debido a que la Oficina de Energía todavía no lo ha hecho, la FOMB dijo que la Ley 10 está «directamente en desacuerdo» con el plan fiscal de la AEE. La FOMB incluyó con la carta su resolución ordenando a la legislatura y al gobernador de Puerto Rico que deroguen la Ley 10 o la enmienden «de manera consistente con los planes fiscales».
El escrito presentado por la coalición apoya las posturas defensivas adoptadas ante el tribunal por el demandado, el gobernador Pierluisi, y por el presidente del Senado de Puerto Rico. Explica que la oposición del FOMB a la energía solar hace caso omiso de los votos unánimes a favor de la Ley 10 en los cinco partidos políticos de la legislatura de Puerto Rico.
En una carta de mayo de 2024 de 21 miembros del Congreso de EE.UU. instando al FOMB a abandonar su dañino ataque contra la energía solar. Una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro nacionales y de Puerto Rico también ha pedido ayuda a la Casa Blanca.
«La medición neta es más que una política; es un camino hacia la esperanza para los puertorriqueños que se enfrentan a frecuentes cortes y altos costos energéticos», dijo Javier Rúa Jovet, director de política pública de SESA. «Esta coalición está de pie para defender la medición neta porque Puerto Rico merece un futuro energético confiable y limpio que las acciones del FOMB buscan socavar».
Abigail Ross-Hopper, presidenta y director ejecutivo de la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), una de las entidades firmantes del Amicus brief, declaró que «las políticas inteligentes como la medición neta realmente anclan la amplia adopción de la energía solar, y en Puerto Rico, eso se traduce en energía confiable y resistente».
«El reciente desafío a la medición neta en Puerto Rico es problemático porque simplemente hace más difícil para los residentes producir su propia energía y ahorrar dinero en sus facturas mensuales. A medida que Puerto Rico trabaja hacia su objetivo de alcanzar el 100% de energía renovable, mientras construye un sistema de energía resistente y fiable, es fundamental que luchemos para proteger la medición neta en la isla», dijo Hopper.
El informe Amicus fue firmado por las siguientes organizaciones: Acadia Center, Astrawatt Solar, Bright Ops, Bright Panel, Carpe Diem Developers PR, EarthSpark International, EDPR NR DG, Elders Climate Action, Enphase Energy Inc, FranklinWH, Freedom Forever, GRID Alternatives, IREC, Mechanical Contractors Association of PR, Para la Naturaleza, Power Solar, Pytes, SMA, Sol-Ark, Solar and Energy Storage Association (SESA), Solar Energy Industries Association (SEIA), SolarEdge Technologies Inc, Sunnova, y Teksol Integration Group, Inc.
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