Los miembros de la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE) ante la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y tomando en cuenta los últimos acontecimientos causados por la tormenta invernal “Uri” que afectó el suministro de gas natural procedente de Texas, presentan el siguiente posicionamiento para exhortar a los integrantes del Senado de la República a rechazar la reforma mencionada, pues las consecuencias de su aplicación tendrán graves efectos para el bienestar de los mexicanos:
• Modificar el orden del despacho. La reforma abre a discreción del operador la prioridad en el uso de las redes generales de distribución. De llevarse a cabo esta definición se elimina el criterio de costo-eficiencia en el orden de despacho, lo que genera incertidumbre a la inversión al sujetarla a criterios ajenos al desempeño (costos) de las centrales de generación. Asimismo, con la creación de las Centrales Externas Legadas con compromiso de entrega física se despachará primero a las generadoras más caras (que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con costo promedio de 1,187 y hasta 2,171 pesos por Megawatt-hora (MWh)), antes que a generadores más baratos que entregan la energía a costo de 381 pesos por MWh. Además, las plantas generadoras de CFE son altamente contaminantes, causando daños a la salud y defunciones. Lo anterior causaría un aumento en los costos de generación eléctrica que se trasladarían ya sea a los usuarios finales (hogares, comercio e industria) con un incremento en las tarifas eléctricas o, si no se incrementan las tarifas finales, la SHCP incrementaría los subsidios eléctricos con recursos de los contribuyentes.
• Sujetar los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a criterios de planeación del Estado. Una planeación estatal centralizada y obligatoria elimina de factor la libre concurrencia y competencia. Este afecto se agrava cuando el planificador preside el consejo de administración de una de las empresas. El esquema actual mediante el PRODESEN, emitido por la Secretaría de Energía (SENER), es indicativo con el objeto de fomentar la libre concurrencia, y es la CRE quien emite los permisos a los proyectos que cumplen con los requisitos establecidos. Para generar certeza es fundamental separar las funciones de política energética y su regulación. Esta modificación, por el contrario, afecta la autonomía del regulador.
• Se elimina utilidad de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s). La reforma propone dar CEL’s a todas las generadoras limpias de CFE, independientemente de la propiedad y fecha de entrada en operación, lo cual está en contra de la naturaleza de los mismos. El objetivo de los CEL’s (Art. 69 de la Ley de Transición Energética (LTE) es propiciar el crecimiento de nuevas centrales de generación por energías limpias. En este sentido, otorgarlo a centrales anteriores a la LIE y la LTE desvirtúa su utilidad para la descarbonización del sector eléctrico, como lo mandata el Acuerdo de París. Esta medida desvirtuará el precio de los CELs y dificultará la recuperación de la inversión de las plantas limpias instaladas después de la reforma energética. Con esta acción, en realidad se pretende evitar que la CFE (Suministro Básico) tenga que pagar multas por incumplimiento de sus requisitos de CEL’s y elimina la necesidad de adquirir nuevos certificados.
• Elimina la obligatoriedad de Subastas para el Suministrador de Servicios Básicos (CFE Suministro Básico). Las subastas son un mecanismo diseñado para que los usuarios básicos tengan energía barata mediante la competencia entre los generadores privados y públicos (CFE generación). Además, incrementaron la capacidad instalada en alrededor de 7,000 MW (la mayoría de ella limpia), con la creación de empleos y demás impactos positivos para la industria, al igual que asignaron potencia con la finalidad de abonar a la estabilidad de la red. Por esta razón, al no proponer otro mecanismo, los costos de generación serán más altos para el Suministrador Básico que, en un ambiente de competencia, este sobrecosto se transferiría a los usuarios o requeriría de mayores subsidios a las tarifas eléctricas.
• La crisis en el sistema eléctrico provocada por la falta del suministro de gas no debe ser pretexto para llevar actividades de fractura hidráulica ni para forzar la operación constante de generadoras con combustibles más sucios. Esta situación debe ser el aliciente para recuperar gas que actualmente se quema en las cuencas del sureste, llevar a cabo infraestructura para almacenamiento de gas, pero sobre todo para diversificar la matriz energética, considerando que las renovables generaron sin contratiempo durante la crisis.
La PMCE considera que los cambios propuestos afectarán los objetivos en materia de generación con Energías Renovables y mitigación de Gases de Efecto Invernadero, a la economía nacional y a los usuarios de energía eléctrica.
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