La Comisión Reguladora de Energía (CRE) somete a consulta una actualización de las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a la generación distribuida, que redefine aspectos clave del marco vigente para este segmento. El proyecto normativo incorpora ajustes técnicos y operativos que impactan tanto a sistemas fotovoltaicos como a configuraciones híbridas con almacenamiento.
Entre los cambios más relevantes respecto a la regulación anterior, se incorpora de forma explícita el almacenamiento de energía como parte de las instalaciones de generación distribuida. Esta inclusión permite reconocer configuraciones con baterías asociadas, lo que no estaba claramente definido en el esquema previo, donde el enfoque se centraba en sistemas de generación sin considerar almacenamiento como elemento integrado.
Asimismo, se revisan los límites de capacidad y criterios de clasificación de las centrales de generación distribuida. Aunque se mantiene el umbral general de hasta 500 kW, la nueva propuesta introduce precisiones sobre la medición de la capacidad (en corriente directa o alterna) y sobre la forma en que se contabilizan los sistemas híbridos, lo que busca evitar ambigüedades técnicas presentes en la disposición anterior.
En materia de interconexión, la propuesta establece ajustes en los procedimientos y requisitos técnicos, con mayor detalle en los estudios necesarios y en las responsabilidades de los participantes. Se incorporan lineamientos más específicos para la evaluación de impactos en la red, en contraste con el esquema previo, que resultaba más general y con menor nivel de desagregación técnica.
Otro cambio relevante se refiere a la medición y liquidación de la energía. La actualización propone modificaciones en los esquemas de medición neta y facturación, con inclusión de criterios para el manejo de excedentes en sistemas con almacenamiento. Esto introduce una mayor complejidad operativa respecto al modelo anterior, que estaba diseñado principalmente para generación instantánea sin capacidad de gestión energética.
Además, se incluyen definiciones técnicas adicionales y se armonizan conceptos con otras disposiciones del sector eléctrico, lo que apunta a una mayor coherencia regulatoria. En la normativa previa, algunos términos y criterios no estaban alineados con desarrollos recientes del mercado, especialmente en almacenamiento y gestión de la demanda.
Finalmente, el proyecto incorpora ajustes en los tiempos y procesos administrativos para la obtención de permisos y contratos de interconexión, con el objetivo de clarificar responsabilidades entre usuarios, suministradores y operadores de red. En comparación con la regulación vigente, estos cambios buscan reducir incertidumbres operativas, aunque introducen mayores exigencias técnicas en la documentación requerida.
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