Directivo vinculado a financiamiento de planta Next Energy en Mexicali es detenido por Interpol

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Un directivo de Banca Afirme, vinculado al financiamiento del proyecto de la planta fotovoltaica de Next Energy en Mexicali, fue detenido por Interpol en Punta Cana, República Dominicana. El arresto forma parte de una investigación por presunto fraude y abuso de confianza relacionados con la retención de más de 123 millones de pesos de fondos públicos de Baja California.

El proyecto, impulsado en 2020, pretendía instalar una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali con respaldo financiero de Afirme. Sin embargo, las autoridades estatales cancelaron el contrato en 2022 por carecer de permisos federales, y se iniciaron denuncias por desvío de fondos públicos.

El directivo detenido, identificado como David Alejandro “N”, junto a otro empleado bancario, huyó a Estados Unidos y se encontraba prófugo desde enero de 2023, cuando se emitió una orden de aprehensión. El monto retenido asciende a 123 millones 773 mil pesos, más rendimientos estimados en torno a 130 millones.

El arresto ocurrió en Houston y fue producto de una ficha roja emitida por Interpol, en coordinación con autoridades mexicanas. Posteriormente, se iniciarían los trámites de extradición hacia México.

El proyecto fotovoltaico nunca avanzó en terreno. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no otorgaron los permisos necesarios, lo cual derivó en la rescisión del contrato y un proceso penal por daño al erario.

Además del directivo principal, otro involucrado, Nabor “N”, también fue investigado, pero se mantiene prófugo; se presume que permaneció un tiempo en España. La Fiscalía General del Estado de Baja California continúa con la investigación y se prevé que el detenido sea trasladado para enfrentar cargos judiciales.

El caso forma parte de una serie de procesos legales impulsados por el gobierno local por presunto peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Al menos cinco exfuncionarios estatales y tres particulares enfrentan denuncias relacionadas con la adjudicación del proyecto.

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