«¿El plan eléctrico del Gobierno? Se acepta la necesidad del dinero privado, pero se pone límites a la inversión»

Con nueva administración a los mandos del país, hay nuevos interrogantes sobre cuáles serán los caminos que se abren acerca de coincidencias y diferencias con la gestión anterior. Uno de los puntos que más atención atrae es el sector energético. Un par de semanas atrás, por caso, fue presentada la llamada Estrategia Nacional del Sector Eléctrico. Para tomar cuenta de lo que significa esa propuesta, y otros aspectos del sector, pv magazine quiere conocer la opinión del consultor en energía Víctor Ramírez, socio de la firma de consultoría Perceptia21.

En el comienzo de la charla, surge la situación política actual del país, con el inicio de la presidencia por parte de Claudia Sheinbaum. «Quiero ser descriptivo -arranca Ramírez -: se está volviendo el gobierno de una sola persona, entonces prácticamente lo que diga el poder ejecutivo lo va a obedecer el poder legislativo y el poder judicial está a punto de desaparecer de facto».

La referencia anterior está relacionado con la reforma impulsada desde el Gobierno que propone que a partir del año próximo todos los jueces mexicanos, incluidos los de la Corte Suprema de Justicia, sean electos por voto popular. «Es una vía que llaman democrática, aunque recordemos que la legitimidad de los jueces no está en el voto sino en el cumplimiento del orden jurídico -dice, e introduce una explicación de por qué se ha llegado a este punto-: Uno de los problemas que causó el odio del expresidente Andrés López Obrador en contra de la Corte fue que le rechazaron una reforma legal que era contraria a la constitución y que buscaba imponer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un nuevo actor preponderante en el sector energético».

«¿Qué sucederá entonces? -continúa Ramírez- Habrá una serie de jueces puestos por el partido en el Gobierno que seguramente si vas y te quejas de una violación a los derechos humanos terminará por darle la razón al Estado y no al ciudadano, ni a la ley, ni a la constitución, perdiendo ahí todos».

Y aquí se llega un punto en el que el tema deriva hacía el sector energético. «Es un asunto de falta de certeza jurídica, y yo sé que ya ha espantado inversiones en muchos proyectos, sobre todo renovables, en México», afirma.

Es entonces que se le pregunta si puede mencionar cuáles son las empresas que están tomando esa decisión de retirar inversiones, a lo que Ramírez prefiere no dar precisiones. «No, no puedo por razones de confidencialidad, algunos de ellos son mis clientes. Sé que están vendiendo proyectos, que están buscando algún socio para disminuir el riesgo, pero sí sé de varias empresas que han decidido por lo menos esperar hasta conocer las reglas finales, qué sucederá en 6 meses para saber si siguen en México, si siguen con lo que ya tienen, si invierten más o si de plano buscan deshacerse de su cartera de proyectos e irse del país. Es una posibilidad, no es un hecho».

No acuerda con la planteada como reestatización de Pemex y de la CFE. «No se está reestatizando ni Pemex ni CFE porque ambas nunca dejaron de ser del estado -dice-. El asunto es que en la reforma de hace 11 años se les obligó a generar valor económico, a buscar ser más eficientes, a tener las mejores prácticas internacionales. Con lo que está sucediendo ahorita se le quita esa obligación y se puede volver una empresa que desarrolle cualquier proyecto aunque no tenga ningún tipo de sentido económico ni técnico».

Respecto de lo último, introduce el proyecto Puerto Peñasco, de 1 GW, presentado como el parque solar más grande de América. «Sí, es de 1 GW, pero un 1 GW instalado en el desierto -ironiza-, o sea, a cientos de kilómetros de los centros de carga, en una zona con un exceso de capacidad de generación, lo que le ha generado un sobrecosto impresionante en la necesidad de transmisión. Gente que estuvo involucrada en el proyecto me ha dicho que tiene un retorno de inversión de aproximadamente unos 45 años. Y si tomas en cuenta que la vida útil promedio de los paneles es de 25 años, digo, esto es un problema ¿no?».

Uno de los aspectos que plantea la Estrategia antes mencionada es el impulso del almacenamiento de energía, aspecto que Ramírez ve positivo: «Creo que sí hay mucha gente interesada. Hay un problema en el país, y es que la falta de inversión tanto en generación como en transmisión, y en algunas zonas en distribución, hizo que prácticamente el sistema eléctrico se frenara, tenemos 2 años sin agregar capacidad nueva de generación».

Y continúa: «Hay muchas empresas que están empezando a instalar baterías para soportar y que los apagones no les generen daño, que un chispazo, un parpadeo, como le llaman ellos, es millonario, y sí, hay varios proyectos que buscan tener baterías y que probablemente se terminen de desarrollar con esto. Ojo, las reglas de almacenamiento ya fueron presentadas estudiadas y aprobadas desde hace un par de meses y medio, y nada más están esperando que se publiquen en el diario oficial de la Federación».

Es entonces cuando destaca lo oportuno que significa la movida con el almacenamiento. «La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya emitió las bases, y es probable que muchas privadas intenten tener parques renovables con almacenamiento, que además le va a dar varias ventajas al generador. Este ya no solamente va a poder ofrecer energía sino que va a poder ofrecer potencia, y si se toma en cuenta que la falta de potencia la ha encarecido en los últimos 2 o 3 años, poder hacerlo con baterías, sin sustituir algunas centrales térmicas, por ejemplo, va a ser algo interesante y valioso para muchas empresas».

Finalmente, a la hora de juzgar el plan eléctrico del gobierno de Claudia Sheinbaum, Víctor Ramírez destaca, como le gusta precisar, lo Bueno, lo Malo, lo Bonito, lo Feo y las Dudas:

Lo Bueno

A diferencia del sexenio pasado, que se usó cualquier pretexto para frenar la inversión privada, ahora hay una aceptación tácita de la necesidad del dinero privado, y se intenta generar mecanismos que permitan mayor inversión.
Se mantiene el mercado eléctrico, se retomará el modelo parecido a los productores independientes de energía, que ojalá sea mediante subastas.
Se incrementará lo que se puede instalar sin permiso de generación hasta menos de 700 kilowatts, además de que han prometido en campaña dar permisos de generación de abasto, lo que permitiría a muchas empresas, de medianas a grandes, tener energía limpia.
Se recuperará al menos un proyecto de transmisión de los que se cancelaron el sexenio pasado, además de que ahora sí se va a invertir en redes.

Lo Malo

Lo que dice el gobierno que nuestra capacidad nueva de generación no alcanza para lograr el porcentaje de energía limpia que necesita el país para cumplir sus objetivos, si bien van a dar permisos de abasto aislado, le ponen un límite de 20 MW, que antes no existían.
Se pone límites a la inversión privada en centrales eléctricas para inyectar energía a la red, eso al final del día significa frenar el crecimiento del sistema eléctrico.
El modelo de fortalecer a la CFE terminará por obligar al mexicano a consumir y pagar el modelo de la empresa, que no se caracteriza por eficiencia económica, al menos en generación, esto nos forzará a pagar energía cara y sus consecuencias, directa o indirectamente.
Las inversiones en transmisión y distribución sí se darán, pero parecen insuficientes.

Lo Feo

El diagnóstico que se presentó repites varias verdades a medias y mentiras completas del sexenio pasado, y con esas telarañas en la mente se complica entender el diseño anterior y aprovechar las ventajas para construir algo mejor
El modelo anterior claro que tenía defectos y cosas que corregir, pero esos defectos no se encuentran en el diagnóstico presentado, pues se van en contra por ejemplo del autoabastecimiento, que no es algo del modelo anterior.
Se habla de aportaciones del sexenio anterior, cuando muchas de esas centrales eléctricas no han entrado en operación, y todavía falta años para que lo hagan.
Hay que decir que muchos de los problemas del sistema eléctrico provienen de decisiones de sexenio anterior, el diagnóstico realizado no lo reconoce y esto no permite reconocer los problemas reales y se centra en otros irreales.

Lo Bonito

Cambió un poco el discurso de soberanía y la definición está más cercana hacia la seguridad, aunque sigan usando el nombre.
Ya no suena autarquía y esa es una gran ventaja.
Se habla de una mayor aportación social de las empresas generadoras, que aunque ya la industria lo hace, suena bien que se refuerce ahí.
Suenan bien también los programas de paneles solares en el norte, las cocinas limpias, la electrificación de aislados de la red, aunque ya mucho de eso se contempla en la ley presente.

Finalmente, Las Dudas

¿Qué va pasar con los proyectos parados?
¿Cómo se van a escoger los proyectos de participación público-privada?
¿Se va a poder operar lo prometido con un CFE reunificada?
¿Qué van a hacer con lo que queda del autoabastecimiento?
¿Cómo se va a generar confianza ante la reforma judicial, que por cierto es de mucha preocupación para muchísimas empresas?
¿Qué pasará desaparición de la CRE?

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