El Senado del estado de Texas votó a favor de la SB 624, un proyecto de ley que impondría importantes restricciones de permisos y multas a los proyectos de energía solar y eólica en el estado. El proyecto de ley se dirige ahora al escritorio del gobernador Greg Abbott (R) para su aprobación.
Texas es líder nacional en desarrollo de energía eólica y pronto se convertirá en el primer estado en energía solar, superando a California. La Asociación de Industrias de la Energía Solar (SEIA) prevé que el estado añada 36 GW de energía solar en los próximos cinco años, sumándose a los 16 GW activos hasta la fecha, y convirtiéndose en el mejor ejemplo nacional de aprovechamiento de la energía del sol.
Este auge en el crecimiento se produce justo cuando se aplica y pone en marcha el paquete de gasto de 369.000 millones de dólares dentro de la Ley de Reducción de la Inflación, una ley que está catalizando aún más la transición energética hacia la generación de electricidad sin emisiones de carbono.
La Advanced Power Alliance prevé que, en 2024, la generación renovable en ERCOT, la red eléctrica de Texas, aportará 6.000 millones de dólares de ahorro neto en costos operativos del sistema y más de 18.000 MW de aportaciones de capacidad fiable.
Sin embargo, los legisladores estatales han apuntado contra el sector, a pesar del auge económico que ha supuesto. A finales de abril, los legisladores de Texas mostraron su apoyo a la ley SB 624 y la remitieron a la mesa del Gobernador.
La ley singulariza las instalaciones solares y eólicas, exigiéndoles que obtengan un permiso de la Comisión de Servicios Públicos (PUC) de Texas, mientras que deja fuera del requisito a los combustibles fósiles. El gobernador Abbott, que desde hace tiempo ha mostrado su afinidad por los combustibles fósiles, ha nombrado a todos los miembros de la PUC, que ahora actuarían como guardianes de cualquier proyecto de energía renovable.
Además, el SB 624 asigna una nueva tasa anual que deberán pagar los promotores de energías renovables. También obligaría a los promotores a solicitar un permiso cada vez que deban introducirse cambios significativos en los proyectos existentes. Según la ley, cada nuevo proyecto tendría que someterse a un nuevo estudio de impacto ambiental.
La ley también exigiría que los promotores presentaran una declaración jurada con los nombres y direcciones de las personas que pudieran verse afectadas por el proyecto. Los promotores también tendrían que notificar la solicitud de proyecto a todos los propietarios situados en un radio de 25 millas (40 km) de los límites de la instalación. Esto abre la puerta a argumentos del tipo “no está en mi patio trasero”, incluso para personas que viven a muchos kilómetros de distancia.
Además, el proyecto de ley establece que la comisión “de oficio o previa notificación y audiencia razonables” puede exigir a los titulares de permisos que se ajusten a “condiciones nuevas o adicionales”. La comisión puede exigir que los proyectos de energías renovables se sitúen a una distancia mínima de 500 pies (152 m) de cualquier límite de propiedad y de 1000 pies (304 m) de cualquier estructura habitable. Los promotores tendrían que presentar una renuncia firmada por los propietarios colindantes para poder seguir adelante con el proyecto.
La ley pone en peligro los proyectos de energías renovables existentes al aplicar retroactivamente los requisitos de autorización a estos emplazamientos. Confiere a la Comisión la facultad de entrar en los emplazamientos de los proyectos y retirar la capacidad de energía limpia instalada si no cumple los permisos más estrictos recién establecidos.
“La onerosa propuesta violaría los derechos de propiedad privada de los tejanos y reduciría el valor de las propiedades a las que se les niega la posibilidad de desarrollar los recursos energéticos de sus terrenos”, afirmó la Advanced Power Alliance en un comunicado. “El proyecto de ley elevará el costo de la energía para todos los tejanos y pondría en riesgo todos los acuerdos de compra de energía (PPA) en vigor con clientes corporativos”.
El proyecto de ley, que se espera que sea un obstáculo importante para el desarrollo de las energías renovables en Texas, se dirige ahora a la mesa del Gobernador para su aprobación.
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