China que es uno de los países hegemónicos en la innovación tecnológica y líder en producción de equipos para la industria de las Energías Renovables tiene un frente de batalla tanto al interior de su país por violación a Derechos Humanos como al exterior repercutiendo en su comercio internacional.
La Cámara de Representantes en Washington aprobó por unanimidad un proyecto de ley denominado ‘Uigur,’ relacionado con el trabajo forzoso que se habría detectado en la región de Xinjiang.
Sí se promulga, la ley prohibiría al interior del país americano todas las importaciones realizadas desde aquélla región.
La zona, que representa el 50 por ciento del suministro mundial de polisilicio, ha sido objeto de escrutinio por sus posibles abusos en Derechos Humanos debido al trabajo forzoso al que es sometido el grupo étnico de los uigures y otras minorías del país de la Gran Muralla.
En días recientes, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que el presidente Joe Biden firmará el proyecto de ley y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que la legislación se enviaría al Senado para una ‘acción rápida’.
En junio, la administración Biden ordenó la prohibición de las importaciones estadounidenses de Hoshine Silicon Industry con sede en Xinjiang, así como de otras tres empresas de la región.
En agosto, un grupo anónimo de empresas fotovoltaicas solicitó aranceles para empresas que importan módulos de Malasia, Tailandia y Vietnam. El grupo pidió aranceles antidumping, señalando la incertidumbre en los vínculos de la cadena de suministro de las empresas con China y la sospecha de dumping de bienes por trabajo forzoso.
Dado que el polisilicio proviene principalmente de la región de Xinjiang, Estados Unidos está explorando otros sistemas fotovoltaicos, como paneles de película delgada de telururo de cadmio (CdTe) y perovskitas, abundantes, pero relativamente inestables.
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