Se ha enviado una carta firmada por 143 destacadas empresas solares de Estados Unidos a la Cámara de Representantes y al Senado de EE. UU., en la que se insta a los líderes del Congreso a reformar el sistema de concesión de permisos.
Las medidas ejecutivas del presidente Trump este año han llevado a «una moratoria casi total de los permisos para proyectos solares», según la carta.
A partir de julio, según un memorándum del Departamento del Interior (DOI, por su acrónimo en inglés), los proyectos solares que soliciten arrendamientos, derechos de paso, planes de construcción y operación, subvenciones, consultas y opiniones biológicas están sujetos a la aprobación de la oficina del jefe del Departamento del Interior nombrado por Trump, Doug Burgum.
La revisión afecta a los permisos que se conceden bajo cualquier agencia del DOI para proyectos en terrenos federales y privados; a los permisos de agencias federales no pertenecientes al DOI en los que este tiene una función consultiva; y a los proyectos en terrenos privados que utilizan recursos del DOI.
«Esto va mucho más allá de los proyectos en terrenos públicos», afirmó la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA). «Muchos proyectos solares y de almacenamiento ubicados parcial o totalmente en propiedades privadas se ven ahora envueltos en una miríada de revisiones federales».
La SEIA estima que más de 500 proyectos en fase de desarrollo en todo el país corren el riesgo de sufrir retrasos o cancelaciones como consecuencia de los ataques políticos, según su análisis de los datos de la Administración de Información Energética.
Los proyectos afectados suman una capacidad total de casi 116 GW, lo que supone aproximadamente la mitad de todas las ampliaciones de capacidad eléctrica previstas en todo el país hasta 2030.
«Este bloqueo está socavando la seguridad energética de Estados Unidos, aumentando los costos para las familias y las empresas y agravando la ‘emergencia energética’ que la propia administración Trump declaró a principios de este año», afirmó la SEIA en un comunicado de prensa.
La SEIA afirmó que la obstrucción federal erosiona los derechos de propiedad privada y la toma de decisiones a nivel local, al introducir a los burócratas de Washington en proyectos que los propietarios de tierras y las comunidades quieren acoger. Esto supone un riesgo para los propietarios de tierras, los agricultores, los ganaderos y los inversionistas privados, ya que, incluso si su proyecto cumple con la normativa, el gobierno federal puede seguir echándolo por tierra, según la SEIA.
Dieciocho estados tienen más del 50 % de su capacidad eléctrica prevista en riesgo de ser bloqueada. Se espera que muchos de estos estados, entre ellos Texas, Virginia, Arizona y Nevada, lideren el crecimiento de los centros de datos de alto consumo energético en el país. El informe de la SEIA hace un seguimiento de la capacidad prevista y de lo que está en riesgo en cada estado en un panel de control aquí.
«Instamos al Congreso a que colabore con el Departamento del Interior para abordar la extralimitación gubernamental indebidamente discriminatoria y sin precedentes, revocando el memorándum del 15 de julio», afirman los firmantes de la carta.
La carta dirigida a los líderes del Congreso de los Estados Unidos y firmada por más de 140 empresas del sector solar se puede consultar aquí.
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