El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó un análisis, titulado Mercado eléctrico en México: nuevas reglas y camino regulatorio pendiente, sobre los nuevos reglamentos del sector eléctrico publicados el 3 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, en el que evalúa sus implicaciones para la inversión pública y privada, la normatividad pendiente y las medidas necesarias para completar el marco regulatorio.
El análisis identifica cuatro ejes principales: prevalencia del Estado en la generación eléctrica, despacho eléctrico, planeación vinculante y desarrollo mixto.
En el primero, la Ley del Sector Eléctrico dispone que el Estado debe mantener el control de al menos 54 % de la energía inyectada a la red. El cálculo de dicha prevalencia corresponderá a la Secretaría de Energía (Sener) antes de febrero de cada año. Esta disposición implica que la expansión estatal requerirá inversión pública suficiente para sostener esa participación, sin limitar la inversión privada. El IMCO señala que las reglas deben ofrecer certidumbre a los proyectos mixtos y a la participación privada asociada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de modo que se respete el principio de eficiencia económica sin distorsionar el mercado.
En materia de despacho eléctrico, el reglamento mantiene la eficiencia económica como principio operativo esencial. La Sener deberá actualizar las reglas del mercado para garantizar igualdad de condiciones en el despacho de centrales. Estas nuevas reglas se elaborarán en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la CFE, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y representantes del sector privado. El IMCO considera que este proceso es una oportunidad para que los generadores privados participen en la definición de criterios transparentes y que el Monitor Independiente del Mercado —que deberá instalarse en un plazo de 150 días hábiles— funcione como un órgano imparcial.
El tercer punto del análisis aborda la nueva figura de planeación vinculante, que convierte al Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) en el instrumento rector del sistema eléctrico nacional. A diferencia del antiguo PRODESEN, el PLADESE tendrá carácter obligatorio para Sener y CNE al otorgar permisos y asignaciones. Esta planeación incluirá los Programas Vinculantes de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PVIRCE) y los Programas de Ampliación y Modernización (PAM). Según el IMCO, este esquema puede restringir la flexibilidad del mercado si los permisos dependen de la alineación con los planes estatales, por lo que recomienda integrar de manera efectiva los proyectos privados a la planeación para evitar discrecionalidad.
El cuarto eje del informe se refiere al desarrollo mixto, que abarca las modalidades de producción con contratos de largo plazo con la CFE y de inversión conjunta entre el Estado y particulares, siempre que la participación estatal sea de al menos 54 %. Los proyectos podrán ejecutarse mediante fideicomisos, asociaciones en participación o sociedades mercantiles, con duración máxima de 30 años. El IMCO observa que esta modalidad se perfila como una de las principales herramientas del gobierno para ampliar la capacidad de generación, pero subraya que su éxito depende de la existencia de condiciones contractuales claras, procesos competitivos y respeto a la seguridad jurídica.
Normatividad pendiente
El documento también detalla la normatividad pendiente para completar el marco regulatorio del sector. Falta la publicación de los reglamentos de la Ley de la Empresa Pública del Estado y de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, así como la actualización de las Reglas del Mercado y diversas disposiciones administrativas de la CNE. Entre las normas pendientes se incluyen lineamientos sobre permisos de generación eléctrica, almacenamiento de energía, metodologías para calcular aportaciones y contraprestaciones, manuales de interconexión, criterios de generación distribuida y actualización de tarifas reguladas.
IMCO propone
Finalmente, el IMCO propone acciones concretas:
- precisar el criterio de generación bajo control del Estado para incluir la energía privada contratada por la CFE;
- definir reglas de despacho económico que eviten distorsiones;
- integrar de manera efectiva la inversión privada en la planeación;
- transparentar los fideicomisos utilizados por la CFE;
- garantizar que los contratos de largo plazo y las asociaciones mixtas se adjudiquen mediante procesos competitivos que consideren costo y valor agregado.
Estas medidas, según el IMCO, permitirían completar el andamiaje institucional del sector eléctrico mexicano y ofrecer certidumbre regulatoria a los proyectos públicos y privados dentro del nuevo marco legal.
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