La aduana de EE. UU. libera las células solares de Qcells para sus fábricas en el país

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) liberó los envíos de importaciones de celdas surcoreanas con destino a la fábrica de módulos de Qcells en Georgia, después de haberles denegado anteriormente la entrada en los Estados Unidos en relación con la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA).

Qcells confirmó en exclusiva la retención para un artículo pv magazine EE. UU. del 6 de agosto pasado, que informaba de la denegación como parte de un aparente aumento de los exámenes y retenciones de la UFLPA de muchos tipos de importaciones manufacturadas, incluidos los productos de tecnología solar.

La portavoz de la empresa, Marta Stoepker, confirmó que la CBP había «completado su revisión» y «liberado los envíos de Qcells» sin ofrecer más detalles.

«Reconociendo la importancia de este asunto, seguiremos cooperando con la CBP para garantizar el cumplimiento continuo», afirmó Stoepker en un comunicado.

Qcells no ha detallado públicamente el volumen de las importaciones de celdas retenidas para su revisión en virtud de la UFLPA, que la CBP comenzó a aplicar en 2022 para impedir que los productos fabricados mediante trabajo forzoso en la región china de Xinjiang entraran en el mercado estadounidense.

El panel de control de la CBP con las estadísticas de aplicación de la UFLPA para junio mostraba que la agencia había retenido siete envíos por un valor total de 3,37 millones de dólares en productos electrónicos, una categoría que se considera que abarca principalmente la tecnología solar y de baterías. El panel de control sugería que las incautaciones eran las primeras retenciones de productos electrónicos procedentes de Corea del Sur desde que se puso en marcha la aplicación de la UFLPA.

Qcells afirmó que las células retenidas no contenían ningún material procedente de Xinjiang. La empresa, propiedad del conglomerado surcoreano Hanwha Solutions, importa células de sus fábricas de Corea del Sur y Malasia para abastecer sus operaciones de montaje de módulos en Georgia (Estados Unidos).

Qcells está ampliando una planta de fabricación de silicio cristalino para energía solar integrada verticalmente en Cartersville, al norte de Atlanta, donde espera que la puesta en marcha de una planta de fabricación de celdas reduzca la dependencia de sus operaciones en Estados Unidos de las importaciones de celdas.

Para principios de 2026, Qcells pretende alcanzar en Cartersville una capacidad de producción anual de 3,3 GW en cada una de las cuatro etapas de la fabricación de silicio cristalino solar: fabricación de lingotes de silicio y obleas solares, células y módulos.

La empresa ha declarado que considera la retención de sus importaciones como parte de una escalada en la aplicación de medidas comerciales en general y de la UFLPA en particular.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., que preside un grupo de trabajo federal para la aplicación de la ley sobre trabajo forzoso, anunció en un comunicado del 19 de agosto que había añadido el acero, el cobre, el litio, la sosa cáustica y los dátiles rojos como sectores de alta prioridad para la UFLPA.

El comunicado cita a la secretaria del DHS, Kristi Noem, sugiriendo que la administración Trump está intensificando las medidas de aplicación de la ley.

«Estados Unidos tiene el deber moral, económico y de seguridad nacional de erradicar las amenazas que ponen en peligro la prosperidad de nuestra nación, incluidas las prácticas comerciales desleales que perjudican al pueblo estadounidense y frenan nuestro crecimiento económico», afirma Noem. «El uso de mano de obra esclava es repugnante, y haremos que las empresas chinas rindan cuentas por los abusos y eliminaremos las amenazas que sus prácticas de trabajo forzoso suponen para nuestra prosperidad».

El comunicado indica que, hasta el 1 de agosto, la CBP había detenido más de 16 700 envíos por un valor de casi 3700 millones de dólares para su examen en virtud de la UFLPA en 2025. De ellos, la CBP denegó más de 10 000 envíos por un valor de casi 900 millones de dólares.

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