La detención de Nabor Medina Garza, directivo de Banca Afirme, y la posterior devolución de 172 millones 158 mil 622 pesos al gobierno de Baja California y su consecuente puesta en libertad, marcaron un giro en la investigación sobre la retención indebida de recursos públicos que se destinaban al desarrollo de la planta fotovoltaica Next Energy en Mexicali. El acuerdo incluyó tanto los 123 millones de pesos originales como los rendimientos acumulados, pero el caso permanece abierto, ya que la Fiscalía mantiene proceso contra otros señalados.
El proyecto inició durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, quien adjudicó la obra a la empresa regiomontana Next Energy pese a no contar con permisos federales, como los de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El contrato contempló la constitución de un fideicomiso respaldado con participaciones federales, con la finalidad de financiar la obra. La planta pretendía suministrar energía eléctrica al bombeo de agua del Río Colorado a la zona costa.
En 2022, el gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda canceló el proyecto ante la falta de viabilidad técnica y regulatoria, y solicitó a Banca Afirme la extinción del fideicomiso y la devolución de los recursos públicos. Al persistir la negativa del banco y sus directivos, la administración promovió acciones legales que derivaron en órdenes de aprehensión, entre ellas la ejecutada contra Nabor Medina Garza a comienzos de este mes.
Fuentes oficiales señalan que, además de Medina Garza, Alejandro “N”, otro directivo de la institución bancaria arrestado en junio pasado por Interpol en Punta Cana, República Dominicana, al menos otros cinco exfuncionarios de la gestión anterior y varios particulares figuran igualmente como imputados en las carpetas penales.
El proceso judicial y administrativo estableció como compromiso la recuperación integral de los fondos destinados originalmente al proyecto energético, acción que la administración estatal presentó como una prioridad para la protección del erario público. El monto restituido incluye capital e intereses, sumando un total de 172 millones 158 mil 622 pesos tras un acuerdo reparatorio alcanzado con Banca Afirme.
La anulación definitiva del contrato y el fideicomiso asociados al proyecto fotovoltaico quedó legalmente establecida en 2022, gracias a la disposición de la empresa Next Energy y la presión de las autoridades estatales para extinguir obligaciones y posibles penalizaciones, pero los procedimientos penales y administrativos contra los implicados continúan hasta deslindar responsabilidades.
El caso Next Energy se mantiene bajo investigación, con la intervención de la Fiscalía General del Estado y la colaboración de la Consejería Jurídica de Baja California, dado que la indagatoria abarca distintos niveles de responsabilidad, tanto en la administración pública anterior como en la institución bancaria operadora del fideicomiso.
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