La Secretaría de Energía (Sener) ha publicado el marco normativo que define la estructura y atribuciones de sus áreas responsables de la planeación, regulación y supervisión de los proyectos energéticos en el país. El llamado Reglamento Interior, emitido por decreto presidencial, detalla el funcionamiento de las subsecretarías y direcciones generales que intervienen en el impulso de las energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica.
Entre las áreas clave destaca la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, que integra la Dirección General de Energías Renovables y la Dirección General de Planeación e Integración Energética. Estas dependencias tendrán la responsabilidad de coordinar la elaboración de instrumentos de planeación, identificar zonas con potencial para proyectos solares, elaborar el Atlas Nacional de Zonas con Potencial de Energías Renovables y mantener el inventario y catálogo de tecnologías aplicables.
La Dirección General de Energías Renovables también gestionará los permisos, registros y autorizaciones para centrales solares, así como la evaluación de políticas y programas para el desarrollo de estas tecnologías.
La Dirección General de Metodologías y Estadísticas del Sistema Nacional de Información Energética se encargará de desarrollar metodologías para estimar el potencial técnico y económico de los recursos renovables. Esta área también publicará estadísticas oficiales del sector y apoyará la planeación de nuevos proyectos mediante el análisis de datos geoespaciales y prospectivos.
Por su parte, siempre según el documento publicado, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y Acceso a la Energía promoverá la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados en energía solar y otras fuentes renovables.
En el ámbito de la supervisión y regulación, la Subsecretaría de Electricidad y sus unidades técnicas tendrán la atribución de autorizar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos de generación eléctrica. Además, participará en la definición de políticas para la integración de energías renovables en la red eléctrica nacional, el establecimiento de requisitos técnicos y la coordinación de los programas de ampliación y modernización de la infraestructura de transmisión y distribución.
El nuevo reglamento busca, así, institucionalizar la coordinación interinstitucional y la participación de los sectores público y privado en el desarrollo de proyectos energéticos.
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