La EPA ha publicado esta semana una norma definitiva que deroga formalmente la resolución de 2009 sobre el peligro de los gases de efecto invernadero (GEI).
La medida, anunciada por el administrador Lee Zeldin junto al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, elimina el requisito científico y legal utilizado durante casi dos décadas para regular las emisiones de carbono y proporcionar apoyo federal para la transición a la energía limpia.
Al revocar la declaración, la EPA ha eliminado efectivamente la base legal que permitía a la agencia regular el dióxido de carbono como contaminante en virtud de la Ley de Aire Limpio.
Aunque el objetivo inmediato del anuncio era la eliminación de las normas de emisión de los vehículos, la decisión tiene implicaciones inmediatas para los sectores de la energía solar y el almacenamiento de energía.
La Declaración de Peligro servía de base jurídica para los programas federales que daban prioridad a la reducción de las emisiones de carbono. La administración Trump ya ha tomado medidas para recuperar miles de millones en fondos para energía limpia, incluidos 7 000 millones de dólares del programa «Solar for All» (Energía solar para todos).
Los analistas del sector sugieren que, sin la Declaración de Peligro, la base jurídica de varias disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), concretamente las que se enmarcan como subvenciones para la «reducción de la contaminación climática», se vuelve más vulnerable a los litigios.
Si los gases de efecto invernadero ya no se clasifican legalmente como una amenaza para la salud pública, los detractores de las subvenciones a la energía solar pueden argumentar que la EPA carece de autoridad para dar prioridad a las fuentes de energía bajas en carbono frente a los combustibles fósiles.
La decisión de la EPA se basa en recientes sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas Loper Bright Enterprises contra Raimondo y Virginia Occidental contra la EPA.
El administrador Zeldin argumentó que la declaración de 2009 era una «ficción jurídica» y que los grandes cambios políticos en materia de economía y energía deben provenir del Congreso.
La industria solar ya se enfrenta a una serie de cambios legales y políticos en virtud de la «One Big Beautiful Bill Act» (OBBBA), que ha reducido los plazos para obtener créditos fiscales. Las instalaciones eólicas y solares deben comenzar a construirse antes del 5 de julio de 2026 para poder optar a los créditos fiscales previstos en los artículos 45Y y 48E.
Los grupos ecologistas, liderados por el Fondo de Defensa Ambiental (EDF), se han comprometido a impugnar la derogación ante los tribunales. El presidente del EDF, Fred Krupp, afirmó que la decisión «nos pone en peligro a todos» y ignora la innovación impulsada por las normas de energía limpia.
Los expertos del sector advierten de que esta medida podría aumentar la incertidumbre política, un factor que podría frenar la inversión privada.
Chris Field, director del Instituto Woods para el Medio Ambiente de Stanford, afirmó que las pruebas científicas sobre los riesgos de los gases de efecto invernadero han aumentado «dramáticamente» desde 2009, a pesar de la nueva determinación de la EPA.
Se espera que el Departamento de Justicia se enfrente a demandas de grupos ecologistas y fiscales generales estatales. Por ahora, el mercado solar estadounidense se enfrenta a un periodo de transición normativa, ya que la administración está cambiando su enfoque hacia los sectores de energía de combustibles fósiles.
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