De ESS News
En Texas, un nuevo tipo de norma de confiabilidad está redefiniendo dónde los centros de datos eligen construir y cómo alimentan sus operaciones. En virtud de una ley de “interruptor de apagado” adoptada a comienzos de este año, las empresas de servicios públicos pueden desconectar por la fuerza a grandes usuarios industriales no críticos, como los centros de datos hiperescalables, durante emergencias en la red, con el fin de mantener el suministro eléctrico para la mayor cantidad de personas posible.
“Las empresas de servicios públicos de todo el país están advirtiendo a los operadores que estén preparados para apagones repentinos”, explicó James Roth, director de política global y asuntos gubernamentales en Bloom Energy. Dijo a ESS News que, para los operadores con compromisos contractuales de tiempo de actividad, el riesgo de apagones repentinos es “simplemente insostenible”.
Aunque el proyecto de ley de Texas también incluye un programa voluntario de respuesta a la demanda, aún podría generar problemas para los operadores de centros de datos con garantías de funcionamiento continuo 24/7 o con cargas de trabajo de inteligencia artificial que no pueden permitirse ni un segundo de inactividad. Ahí es donde entra en juego el almacenamiento. Los operadores comienzan a reconocer el valor de los sistemas instalados en el sitio frente a cortes inesperados del suministro eléctrico.
La lógica es sencilla: cuanto más control tenga un centro de datos sobre su suministro eléctrico, menos expuesto estará al riesgo regulatorio y a desconexiones repentinas. En Texas, esto podría traducirse en la instalación de baterías capaces de mantener operaciones independientes cuando se active el interruptor de apagado.
Según Roth, no sorprende que grandes proveedores de servicios en la nube como Oracle busquen proteger sus operaciones mediante almacenamiento y generación en el sitio. Sin embargo, en la práctica, esto implica que está surgiendo un nuevo método para ubicar centros de datos, donde el mapa se diseña en función del potencial de almacenamiento más que de las líneas de transmisión.
La idea general sigue siendo la misma a través de las fronteras estatales, pero su aplicación práctica varía considerablemente. En California, por ejemplo, garantizar el acceso estable a la electricidad lo antes posible implica diseñar microrredes con respaldo de almacenamiento que permitan a un centro de datos saltarse la fila y evitar los largos tiempos de espera de interconexión.
Se trata más de un problema estructural, aunque uno que hace casi imposible la expansión tradicional de la red al ritmo que exigen las cargas de trabajo impulsadas por la inteligencia artificial.
“Los operadores allí están adoptando microrredes aisladas para evitar los retrasos de las empresas de servicios públicos”, explicó Roth. Pero advirtió que también existe una dimensión política.
El proceso de Solicitud de Certificación (AFC, por sus siglas en inglés) de California todavía trata los sistemas instalados en el sitio que superan cierto tamaño como plantas “térmicas”, independientemente del tipo de energía que utilicen. En la práctica, esto somete el proyecto a una serie de revisiones ambientales lentas, diseñadas para infraestructura de gas.
“Estructuras de permisos prolongadas como el proceso AFC de California… deben reinterpretarse”, añadió Roth, “para adaptarse a nuevas soluciones que puedan implementarse de forma rápida y confiable”.
“Establecer el marco normativo adecuado determinará si Estados Unidos logra captar de manera efectiva los beneficios económicos del auge de la inteligencia artificial”, señaló.
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