La industria mundial de la energía solar generó cientos de miles de millones de dólares en ingresos en 2024. Al igual que muchas empresas impulsadas por el hombre -especialmente en sectores orientados a misiones-, la brecha entre el idealismo y la ejecución puede invitar a lapsos éticos. La industria solar no ha sido una excepción, con robos de miles de millones de dólares y acusaciones recientes que han aumentado el escrutinio.
Ahora, investigadores de Boston y Finlandia han publicado el estudio «Sex for solar? Examining patterns of public and private sector corruption within the booming California solar energy market» (¿Sexo por energía solar? Examinando los patrones de corrupción en los sectores público y privado dentro del floreciente mercado de la energía solar en California.). El estudio analiza el desarrollo de la energía solar a escala de servicios públicos en el este del condado de Riverside, concretamente entre Desert Center y Blythe, desde 2010 hasta 2024. Aunque durante este periodo se desplegaron 4,25 GW de capacidad en 13 proyectos, la investigación se centra principalmente en una instalación de energía solar.
Los siete tipos de corrupción destacados se definen como:
- Clientelismo y favoritismo: contratar sólo a amigos o colegas, o asignar contratos, permisos o licencias de forma ineficaz o injusta, a veces a cambio de sexo;
- Rentismo y acaparamiento de tierras: desviar o captar el gasto público, o despojar a las comunidades de tierras comunales o públicas;
- Desvío de servicios: evitar la distribución de beneficios locales;
- Robo: sustracción coactiva de equipos, bienes o artefactos culturales;
- Lavado ecológico: realizar evaluaciones de impacto erróneas, anular objetivos medioambientales o engañar al público sobre los beneficios de un proyecto;
- Evasión y elusión fiscal: impago, pago insuficiente o evasión estratégica de impuestos locales; y
- Falta de transparencia: ocultación o no divulgación de información crítica.
Las conclusiones de los investigadores se basan en entrevistas con 29 personas a lo largo de 38 sesiones, cuatro grupos de discusión, observación participante y un extenso análisis documental, que incluye registros gubernamentales y conclusiones judiciales. Para garantizar la transparencia, el estudio incluye citas completas de todas las fuentes documentales pertinentes.
Uno de los ejemplos más llamativos fue el clientelismo y el favoritismo a cambio de sexo durante el desarrollo del Centro de Energía Solar Génesis, de 250 MW. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos fue recusado de la supervisión de proyectos de energías renovables tras revelarse que mantenía una relación sexual con un lobista empresarial que representaba al promotor. Esa relación se tradujo en indulgencia normativa, incluida la omisión de estudios arqueológicos y la falta de aplicación de la ley en relación con la muerte de águilas. El funcionario acabó dimitiendo.
Según informes de la administración, el mismo funcionario mantuvo otras amistades con otros lobistas vinculados al proyecto y supuestamente aceptó objetos de valor del promotor después de haberse recusado formalmente de la supervisión.
Este fallo inicial en la supervisión de la protección medioambiental y cultural abrió la puerta a otras formas de corrupción. Los autores sostienen que a continuación se produjeron robos, concretamente la sustracción o destrucción de objetos de valor cultural pertenecientes a tribus indígenas de la región.
El documento señalaba que «la Declaración Final de Impacto Ambiental de Génesis confirmaba que se habían identificado 99 yacimientos arqueológicos en el emplazamiento del proyecto». Un entrevistado afirmó que se habían retirado «muchos artefactos», entre ellos «cerámica y cráneos de mamut». Otro dijo que el proyecto Génesis se construyó sobre terrenos funerarios y que las excavaciones descubrieron «varios restos antiguos».
También se sugirieron otros patrones de corrupción en relación con el proyecto. Las comunidades cercanas denunciaron compensaciones inadecuadas por las infraestructuras de transmisión que atravesaban sus tierras. Los residentes y las empresas locales afirmaron que las oportunidades de empleo prometidas fueron a parar en gran medida a grandes empresas con sede fuera de la zona. Otros criticaron los acuerdos fiscales que desviaban los ingresos hacia el condado en lugar de hacia los municipios locales afectados.
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